La reforma judicial de la cuarta transformación se consuma en medio de inconsistencias, medias verdades, manipulación y abusos de poder.
Que un presidente como Andrés Manuel López Obrador fuese partícipe de esas prácticas se puede entender, sus antecedentes de líder ambicioso y pendenciero, carente de estructura ni de buenas maneras, explican su conducta a la hora de destruir la última resistencia al poder presidencial.
La praxis del gobierno debió ser distinta con la Doctora Claudia Sheinbaum. Una mujer preparada, científica, consciente de su responsabilidad histórica como la primera presidenta de México. No lo fue, tristemente.
Tenemos a una presidenta que en el primer mes de su administración decidió desobedecer una determinación de un juez federal. Al igual que su antecesor y al grito de “la reforma va”, desacata la orden de un juez de retirar la publicación del decreto de reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.
Varias consideraciones al respecto de las motivaciones para el desacato de la señora presidenta.
Afirma que ningún juez, ni 8 ministros, están por encima de la voluntad del pueblo. Yo pregunto ¿En qué se basa para afirmar que el pueblo está detrás de la decisión de reformar al Poder Judicial de esa manera? La propuesta de reforma la presentó López Obrador el 5 de febrero del 2024, se habló de ella unos días y después dejó de ser tema para el gobierno federal o para los candidatos de MORENA, incluida la candidata presidencial.
La propaganda de MORENA para promover el voto por sus candidatos al Congreso de la Unión tenía como argumento la defensa de los programas sociales ¿Qué tiene que ver la manipulación de las necesidades económicas de la gente con una reforma a los poderes del Estado? Nada. No vengan a decir que fue una decisión del pueblo porque eso es mentira.
La presidenta Sheinbaum dice que podría haber promovido una reforma como la de Zedillo si lo que quisiera fuera apropiarse de la Suprema Corte (en 1995 fueron destituidos todos los ministros y sustituidos por 11 que fueron nombrados por el Senado). Lo que están haciendo con esta reforma es apropiarse del Poder Judicial Federal al transformar a todos los juzgadores en operarios del régimen de gobierno y no del Estado mexicano.
Si la reforma cuatroteísta se hubiese parecido a la de Zedillo, el objetivo habría sido evitar que presidentes de la Suprema Corte como Arturo Zaldívar, utilicen su poder para influir y manipular las decisiones de jueces federales de menor rango.
Si la reforma quisiera mejorar la impartición de justicia, habría incrementado el número de jueces para reducir las cargas de trabajo en los existentes, perfeccionar los mecanismos de capacitación y selección de las personas juzgadoras dentro de un sistema que premie la preparación y la experiencia. Habrían incluido a la fiscalía federal y a las fiscalías estatales, donde se originan buena parte de las fallas que impiden hacer justicia en contra de los criminales que más lesionan a la sociedad.
Seamos claros. Lo que quieren con su reforma es la destrucción de la separación de poderes y la instauración de un régimen autoritario, sin contrapesos ni certeza jurídica.
López Obrador y Sheinbaum saben muy bien que una parte de los capitales se van a quedar en México, porque les conviene jugar en un sistema mafioso en el que se pueden violar disposiciones legales de todo tipo al amparo de acuerdos “en lo oscurito”, como ocurría de los cuarenta a los noventa del siglo pasado.
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de ordenar el desacato a la orden de un juez federal, inaugura formalmente el régimen de estado sin derecho en el que sobreviviremos los mexicanos.
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