Isaac Palestina
@IsaacPalestinaD
Un gran debate se ha suscitado por la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), si bien múltiples vicios se pretenden corregir con la propuesta discutida en el Congreso de la Unión, hay otros vicios que más que eliminarse o limitarse, pueden ser detonadores de mayores problemas para la impartición de justicia.
Sin embargo, no es mi propósito dilucidar los asegunes de esta reforma que será aprobada el 4 de septiembre con la supermayoría de Morena y sus aliados, sino resaltar uno de los grandes problemas que no aborda la reforma, es decir, la necesidad de fortalecer la impartición de justicia en las 32 entidades federativas.
El PJF para muchos ciudadanos es un freno a los excesos y arbitrariedades de la jurisdicción local, ya que es en las entidades federativas donde se encuentra la mayor corrupción, es decir en los juzgados locales.
Si a nivel federal hay un gran problema de corrupción y canonjías; en los poderes judiciales locales, hay además, falta de profesionalización, opacidad en la selección de autoridades jurisdiccionales, una red aún mayor de nepotismo, influyentismo, corrupción y sumisión a los gobernadores en turno; por si esto fuera poco existen regímenes laborales ilegales para escribientes y personal de confianza.
De hecho, ahora que hay diferentes marchas y protestas organizadas por trabajadores del PJF, así como de universidades públicas y privadas, vale la pena recordar el paro “rebelión” que realizaron trabajadores del Poder Judicial del Estado de Puebla en mayo del 2023, y que dicho sea de paso fue prácticamente invisibilizado, contra el Presidente de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, para reclamar que que el pleno del Poder Judicial autorizó un aumento salarial de 25 por ciento para la burocracia dorada (jueces, magistrados, etcétera), y en cambio, para la base laboral un aumento de solo 70 pesos; aunado a esto, las y los trabajadores denunciaron condiciones laborales insalubres, y a todas luces de explotación laboral “no hay insumos de higiene, agua, comedores, papel, copias, grapas, lápices; una mafia controla los insumos de papelería y una copia simple cuesta prácticamente lo mismo que una copia certificada” me comentó una trabajadora anónima.
Curiosamente una de las últimas reformas aprobadas de Miguel Barbosa fue la del Poder Judicial en la que reestructuró los distritos judiciales; instauró una nueva Sala Constitucional (es decir, separó el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia), creó dos organismos: el Centro de Justicia Alternativa y una Escuela de Formación Judicial; y entre otras cosas, endureció las sanciones contra el uso indebido de la función jurisdiccional. Un mes después estalló el paro y la solución fue política, más no jurídica y menos aún administrativa, por lo que un gran pendiente existe con los trabajadores del Poder Judicial en Puebla.
De hecho, la magistrada Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla declaró estar a favor de la Reforma al PJF, por lo que nada sería más grato que en un ambiente de colaboración de poderes, el gobernador entrante, Alejandro Armenta Mier, y el poder judicial pudieran impulsar una gran reforma judicial que haga justicia con su comunidad históricamente ninguneada y maltratada a conveniencia política.
