Alma Méndez
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Restauranteros de la capital poblana, encabezados por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), José Juan Sánchez Martínez, alzaron la voz este viernes para denunciar presuntas prácticas arbitrarias por parte de autoridades federales en el marco de recientes inspecciones.
En entrevista Sánchez Martínez señaló que, a pesar de haber enviado desde el pasado 4 de junio una solventación formal al correo institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), firmada y fechada debidamente, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta. “Queremos hacer un llamado a la autoridad federal para que se acerque, dialogue con nosotros. La clausura de negocios debe ser la última instancia, no la primera”, advirtió.
El líder empresarial expresó preocupación por la afectación que este tipo de medidas representa, no solo para los propietarios de los restaurantes, sino también para sus empleados, proveedores, turistas y la imagen del sector gastronómico local. Afirmó que están a favor de la legalidad y que los establecimientos afiliados a Canirac operan de forma transparente.
El foco de la denuncia fue la clausura de un restaurante en el Centro Histórico por razones que calificó como “injustificadas”. Según detalló, el establecimiento fue cerrado debido a que una bebida típica conocida como “rusa” (agua mineral con limón y sal) no aparecía en el menú impreso. Otras observaciones incluyeron la omisión del símbolo de pesos ($) en el ticket y el uso de términos en italiano para describir unos chilaquiles.
“Esto no puede ser motivo de clausura. Se subsanó todo de inmediato. Hoy a las 9:30 de la mañana entregamos el oficio cumpliendo al 100% con las observaciones”, enfatizó Sánchez Martínez. Además, lamentó que, pese a ello, les informaron que deben esperar hasta 15 días más para que la autoridad emita una resolución. “Nosotros ya cumplimos. Lo único que pedimos es piso parejo”, concluyó.
Finalmente, hizo un llamado al Secretario de Economía federal para establecer mesas de trabajo permanentes, promover la capacitación y fomentar un diálogo abierto que dignifique la labor empresarial. “No estamos en contra de las inspecciones. Estamos en contra de criterios discrecionales que dañan fuentes de trabajo”.
