Alma Méndez
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Comerciantes de la segunda sección de la Central de Abasto de Puebla rechazaron que las bodegas ubicadas en esa zona están construidas de manera irregular o sobre ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), como aseguró recientemente la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por lo que hicieron un llamado urgente a los tres niveles de gobierno, así como al presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, para establecer una mesa de diálogo que permita revisar el proyecto.
En conferencia de prensa, los locatarios señalaron que estudios realizados durante el gobierno del exgobernador Miguel Barbosa Huerta confirmaron que sus predios se encuentran fuera del perímetro de riesgo.
El pronunciamiento se da luego de que el titular de Seguridad Pública en Puebla, Francisco Sánchez González, informará sobre la solicitud para demoler 26 bodegas en la Central de Abasto, al considerar que fueron construidas de forma irregular sobre ductos de Pemex y que se encuentran abandonadas. El funcionario advirtió que podrían estar vinculadas al robo de hidrocarburos, por lo que pidió al ayuntamiento su demolición por representar un riesgo.
Los comerciantes aclararon que la segunda sección opera de manera independiente a la primera y cuenta con una superficie de más de 53 mil metros cuadrados. Afirmaron que dicha área está legalmente constituida bajo un régimen de condominio, y que cada propietario cuenta con escrituras públicas que les otorgan el derecho de uso de sus espacios.
Detallaron que el proyecto de construcción de las bodegas comenzó en 2015, durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, como parte de una propuesta para instalar un mercado internacional de carne. No obstante, indicaron que el modelo resultó inviable para ellos, pues implicaba recomprar sus propias propiedades. Esta situación derivó en una disputa legal para defender su patrimonio.
En 2017, tras recibir el aval del entonces gobierno municipal, iniciaron las obras de construcción con una inversión colectiva superior a los 40 millones de pesos, financiada por los propios locatarios. Sin embargo, con el cambio de administración, el proceso de regularización fue suspendido, a pesar de las gestiones realizadas.
Finalmente, los comerciantes reiteraron que los señalamientos sobre una posible demolición de las bodegas carecen de sustento técnico, ya que los estudios existentes descartan su ubicación sobre ductos de Pemex. Subrayan que esta zona alberga más de 265 mil negocios y genera más de 5 mil empleos directos e indirectos.
