Jorge Barrientos
La detención de 11 personas, entre ellas la activista y excandidata Griselda Cuatlaxahue y su esposo, Alejandro Pérez, ha generado denuncias de abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos.
Altercado y operativo policial
Juan Pérez Pérez, juez de paz de la junta auxiliar de La Resurrección, informó que el conflicto inició cuando seguidores de Raúl Zapotitla, en presunto estado de ebriedad, agredieron a una mujer. Esto desató una confrontación con empujones y forcejeos, lo que motivó la llegada de al menos 20 patrullas.
Las autoridades detuvieron a 11 personas, incluidas Cuatlaxahue y Pérez, quienes, según familiares, permanecen incomunicados. También se reportó la detención de nueve individuos que no estaban involucrados en el altercado, así como el aseguramiento de cuatro vehículos.
Denuncian amenazas y abuso policial
Máximo Cuatlaxahue, padre de la activista, denunció que los detenidos han recibido amenazas y responsabilizó a Fernando Rosales, secretario de Seguridad Ciudadana; Francisco Rodríguez Álvarez, secretario general de Gobernación; y Gabriel Biestro, presidente de la comisión plebiscitaria, por cualquier represalia que sufran.
Asimismo, acusó a Biestro de provocar el enfrentamiento al no reconocer el carácter de Pueblo Indígena de La Resurrección, a pesar del respaldo del gobierno federal.
Por su parte, Leonardo Báez solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, denunciando que los arrestados han sido víctimas de abuso de autoridad, permanecen incomunicados y sin acceso a alimentos ni cambio de ropa.
Además, familiares de Griselda Cuatlaxahue denunciaron que las autoridades no les han permitido verla ni obtener información sobre su estado, lo que aumenta la preocupación por su integridad y la de los demás detenidos.
Familiares y organizaciones exigen la liberación inmediata de los 11 detenidos y garantías para su seguridad.
