Por el presunto robo de información personal, privada y bancaria de mil 600 trabajadores de la empresa Logística SESE de México S.A. de C.V., la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos-Conlabor (FROC-Conlabor) en Puebla presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
En rueda de prensa, la organización, detalló que los delitos denunciados incluyen extorsión, espionaje digital, ciberacoso y los que resulten, luego de que se detectó la sustracción masiva de carpetas que contenían datos sensibles de los empleados, como identificaciones oficiales, domicilios, números telefónicos, cuentas bancarias y accesos electrónicos.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a reforzar la vigilancia sobre las organizaciones sindicales y empresas que manejan grandes volúmenes de datos de trabajadores, pues “la protección de la información personal es un derecho que debe garantizarse en todos los ámbitos laborales”, señaló.
Los hechos habrían sido cometidos, según la denuncia, por Enrique G. y Aarón E., quienes se identifican como líder y miembro del Sindicato Único de Trabajadores de SESE, respectivamente, junto con otros posibles involucrados. La FROC-Conlabor acusó que los implicados presuntamente utilizaron esta información para ejercer presión y hostigamiento contra empleados, además de vulnerar su seguridad financiera y laboral.
El organismo sindical explicó que la situación se detectó tras diversas quejas de los trabajadores, quienes reportaron intentos de extorsión y uso indebido de sus datos personales. Ante ello, la FROC-Conlabor decidió acudir ante la Fiscalía de Puebla, que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El representante legal de la FROC-Conlabor subrayó que este tipo de incidentes representa una violación grave a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, además de poner en riesgo la estabilidad laboral de los empleados afectados, ya que la información sustraída podría ser usada con fines ilícitos.
Cabe mencionar que, de comprobarse los delitos denunciados, los responsables podrían enfrentar penas de hasta 14 años de prisión, así como multas económicas por los daños ocasionados y el uso indebido de información confidencial.
