En el mundo, niñas, niños y adolescentes representan 40 por ciento de la población mundial, y en México estos grupos etarios conforman 38.3 millones de los mexicanos; es decir, 30 por ciento de la población total del país. Se trata de un dato importante toda vez que constituyen un bono demográfico que tiene la nación y habría que aprovecharlo para estar en posibilidad de contribuir en las etapas de consolidación de la democracia y fomentar una mejor ciudadanía.
Luego de expresar lo anterior, Pedro Daniel Martínez Sierra, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la UNAM, aseveró que si aspiramos a esa forma de gobierno consolidada no podemos dejarlos de lado, pues son actores fundamentales en ese proceso; escuelas, familia y comunidad tienen un papel relevante en la construcción de la ciudadanía.
De acuerdo con el especialista, el problema es que los seguimos visualizando como sujetos del futuro y no como agentes de cambio del presente.
Mientras no modifiquemos esta percepción seguiremos reduciendo su participación, invisibilizándolos y considerando que dependen de sus padres, y que es con ellos con quienes se deben establecer relaciones. No obstante, es indispensable generar fuentes de comunicación por parte del Estado para abrirles espacios de diálogo y participación.
Destacó que tienen más de 20 garantías fundamentales y, por lo tanto, conforme su desarrollo cognitivo evoluciona, mantienen la posibilidad de tomar decisiones vinculadas a las problemáticas que les impactan, siempre acompañados de sus progenitores o tutores.
Ante ello, prosiguió, es primordial reconocerlos como sujetos de derechos, mientras esto no ocurra continuará permeando ese tipo de visiones. Es un trabajo que debemos realizar familias, escuelas y la comunidad, razón por la cual es importante que conozcan sus prerrogativas y que los padres de familia o personas responsables de las infancias y adolescencias reconozcan esa titularidad y garantía, y cómo contribuyen en su desarrollo integral.
Reconoció que existen avances en el bienestar y protección de sus garantías, por ejemplo, cobertura en educación básica, además se cuenta con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece un marco normativo que permite identificar las necesidades de estas poblaciones y en lo que debemos trabajar.
En el tema de prohibición del matrimonio infantil hay logros en el ámbito legal, así como las reformas de 2021 a dicha Ley generadas en el contexto de la pandemia, las cuales prohíben el maltrato y castigo humillante, y se establece transitar hacia estilos de crianza positivos.
Sin embargo, subrayó, nos hace falta llevar esto a la práctica y para ello se requiere inversión, disposición política y que a niñas, niños y adolescentes se les considere prioridad en la agenda de gobierno.
Martínez Sierra abundó que se siguen observando que son víctimas de trata y explotación sexual, incluso reclutados por el crimen organizado. Esto tiene que ver con la descomposición del tejido social, es decir, no son ajenos a los inconvenientes que se viven en el país, incluso resienten los efectos colaterales de esas circunstancias.
Para concretar su protección, estimó, es necesario realizar diagnósticos sobre los desafíos de estas poblaciones, pues solo se dispone de datos generales. Si no contamos con esa información será difícil diseñar políticas públicas, programas y proyectos que respondan a sus necesidades, sobre todo por la diversidad de realidades que existen en México, y establecer estrategias más claras.
