Por Manuel CARMONA
En Puebla actualmente, el gobernador Alejandro Armenta se encuentra en una encrucijada, por un lado tiene a una Fiscal General Carnal a la que no puede quitar y por el otro ve toda la colección de escándalos que ha acumulado en los últimos meses. Sin embargo, ha optado momentáneamente por la estrategia de la inmovilidad.
La paradoja es brutal, mientras se habla de transformación y de gobiernos que escuchan al pueblo, la Fiscalía se ha convertido en un monumento a la ineficiencia y a la sospecha. Idamis Pastor ya no es un problema administrativo: es un símbolo. Y los símbolos pesan más que los expedientes.
Por eso Armenta se encuentra en un dilema que pone a prueba a cualquier político, dar un giro para gobernar a favor de sus votantes o decantarse en favor de quedar bien con el grupo político nacional que se encuentra detrás de la Fiscal y cuyos intereses también necesita cuidar.
Removerla sería un acto de independencia, un contundente mensaje de que el gobernador no está dispuesto a hipotecar su credibilidad por proteger a una funcionaria bastante cuestionada.
El sarcasmo inevitable es decir que en Puebla la justicia parece blindada contra la justicia misma. Los poblanos no necesitan discursos sobre honestidad, necesitan instituciones que funcionen y cada día que Idamis Pastor está en el cargo, la distancia entre el discurso y la realidad se ensancha.
Armenta puede seguir administrando silencios, pero los silencios también se desgastan y la ciudadanía es la que resiente esa indecisión. Gobernar es también a veces incomodar a los aliados, romper pactos y asumir costos. Es lo que marca la diferencia entre un líder y un gestor de procesos gubernamentales.
El Gobernador tiene que decidir, como quiere ser recordado, si como el hombre que prefirió la comodidad de la aprobación de las élites o como aquel que se atrevió a romper con los “compromisos” para estar del lado de los poblanos.
La encrucijada está ahí y no hay salida elegante, o se mueve la pieza incómoda o se da por sentado que en Puebla la justicia es rehén de intereses opuestos a los de la ciudadanía.
En política la indecisión también es una decisión y la del Gobernador ha sido muy clara hasta ahora: mantener a la Fiscal. El problema es que esa decisión en nada ayuda a sus gobernados.
• El autor es abogado, escritor y analista político.
