Por Manuel CARMONA
A quienes llevan varios días echando las campanas al vuelo y festejan anticipadamente en medio de un gran estruendo la victoria absoluta de la reforma a la Constitución que obliga a reestructurar la organización del Poder Judicial de la Federación, siento arruinarles su felicidad, pues si bien es cierto que Morena tuvo un avance notablemente importante en el tablero de la legalidad, aún queda espacio para al menos unas tres jugadas más, que cualquiera de ellas podría recomponer las fuerzas y forzar al régimen a negociar o hasta ganarle la partida. En síntesis les diré que no está dicha la última palabra, pues la disputa….sigue.
Quienes repiten como merolicos que la batalla de Morena contra jueces ha terminado, es obvio que desconocen por completo acerca de las bases fundamentales del derecho constitucional, la Ley de Amparo, la jurisprudencia, la doctrina jurídica y particularmente el peso y la importancia de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos, México ha suscrito a lo largo de su historia.
Quienes eufóricos se proclaman vencedores, desafortunadamente para ellos, esto no es así.
Afortunadamente para el estado de derecho, para la incipiente democracia mexicana, para la república y para la división de poderes, la disputa jurídica sigue viva y el veredicto final todavía puede ser REVERSIBLE y les voy a decir porqué?
¿Qué es lo que significa el más reciente fallo de la SCJN?
Lo que ocurrió el pasado martes 5 de noviembre en el pleno de la Suprema Corte fue un episodio de alta complejidad jurídica, pero lo substancial en lo que se podría resumir es que los Ministros se limitaron a discutir cuestiones de forma y a debatir ampliamente hasta lograr fijar una postura, que para entrar al estudio de FONDO y aprobación de una acción de inconstitucionalidad se requería el voto de al menos 8 de un total de los 11 Ministros que en este momento conforman el pleno, toda vez que se trataba de pronunciarse sobre una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero al no reunirse el número de votos requeridos, se dejó sin materia y se declaró cerrada la discusión, de tal manera que nunca entraron al estudio del FONDO DEL ASUNTO: la polémica y cuestionada reforma constitucional, misma que en consecuencia tampoco cuenta entonces con el aval del máximo tribunal del país, por lo tanto el delicado asunto aún sigue en suspenso y podría más adelante venirse para abajo en algunos de estos tres momentos.
1.-Faltan por resolverse cientos de amparos de particulares que han cuestionado la reforma judicial que aún están en trámite y que de aquí a los próximos siete meses, previa interposición de recursos de revisión en determinados casos podrían llegar al pleno de la SCJN, donde al tratarse de juicios derivados de una interpretación de leyes secundarias, solo se requieren de 6 votos para poder resolver y ahora sí, entrar al estudio del FONDO DEL ASUNTO y de ese modo propiciar que el máximo tribunal del país se pronuncie definitivamente sobre este delicado tema.
2.- Hay una variable política más inmediata y contundente que puede modificar el rumbo de esta larga disputa entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en contra del Poder Judicial en menos de lo que canta un gallo: el factor TRUMP y eso lo sabremos pronto. En los próximos días.
Es decir, si el próximo Presidente republicano de los Estados Unidos impone como condición en las negociaciones para renovar el TMEC en el 2025 alguna modificación a la reforma constitucional, todo se vendrá abajo con todo y la mayoría de Morena en ambas cámaras del poder legislativo y aunque Gerardo Fernández Noroña y compañía han venido diciendo que ni Dios Padre podría tumbarla, olvidó el factor Trump, quien sobra decir que si ese tema lo pone sobre la mesa no habrá poder humano que lo haga cambiar de opinión.
3.- Pero si alguna de las anteriores jugadas no se llegaran a concretar, queda en el largo plazo la posibilidad real, el as bajo la manga, que es la pesadilla del oficialismo: la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: un organismo internacional con atribuciones y competencia para revertir todas aquellas disposiciones contenidas en la legislación interna que lesionen los derechos humanos en los 25 países que suscribieron el Pacto de San José el 22 de noviembre de 1969, entre ellos México.
Fuera de Trinidad y Tobago y Venezuela que en los años recientes decidieron salir voluntariamente de este acuerdo, el resto de países de habla hispana en el continente americano forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual obliga a una serie de condiciones a las que se deben sujetar los Estados firmantes, como es el caso del derecho humano de todo gobernado a contar con tribunales imparciales e independientes.
En el caso de México en el 2011 se llevó a cabo una reforma constitucional de enorme trascendencia que puso a los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en consecuencia nuestros país se somete a un procedimiento denominado Control de Convencionalidad que en su momento deberá enfrentar, toda vez que la multicitada reforma que tiene enfrentados a los poderes actualmente, a criterio de muchos juristas mexicanos de prestigio internacional, vulnera diversos principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso será denunciado en audiencia pública el próximo martes 12 de noviembre de este año en las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, como paso inicial del procedimiento de convencionalidad.
Para terminar, quienes desde una visión muy limitada suponen que la partida ha terminado están muy equivocados. Quienes suponen que la sesión del pleno de la Corte el pasado martes 5 de noviembre, es una derrota jurídica, moral y política al Poder Judicial con características de definitividad, no entiende que no entiende, por lo tanto deberá guardar las palas porque aún no ha llegado el momento del entierro.
- El autor es abogado, escritor y analista político.
