Por Manuel CARMONA
Siempre es lo mismo. La historia como la define Krauze, siempre ha sido circular. Los hechos se repiten una y otra vez con diferentes actores, por eso ya deberíamos estar acostumbrados, pero no. Afortunadamente, también siempre habrá una parte de la sociedad que advierte, alerta sobre los peligros y se irgue como resistencia ante los reiterados abusos del poder en todos los tiempos en cualquier país del mundo y México no es la excepción.
Aunque nuestra Constitución ha sido “actualizada” en casi mil ocasiones en los últimos 100 años, comúnmente se habían realizado cambios de forma, pero sus principios como el régimen de gobierno, la división de poderes, las garantías individuales y los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna se habían mantenido intactos. Más allá de los cambios (762) y decretos de reforma (252) se había venido respetando lo que la doctrina jurídica denomina el espíritu del Constituyente y los académicos definen como las cláusulas pétreas.
Pero esta vez estamos entrando a una espiral altamente riesgosa, que se traduce en un grave retroceso para los derechos civiles de TODOS los mexicanos, con una alud no solo de modificaciones superficiales sino de cambios profundos a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, olvidando por completo que fue concebida no solo como un estatuto de organización de la república, sino fundamentalmente para poner límites al poder en turno, de ahí la importancia de los contrapesos institucionales hoy al borde de la extinción.
Pero esto no es nuevo, ya lo hemos vivido antes, no es un asunto de color, es un asunto que tiene que ver con los excesos del poder, ya que por igual priístas, panistas, perredistas en diferentes épocas y circunstancias han dado muestra de su poco respeto por el estado de derecho, cada vez que requieren imponer alguna medida que beneficie a las élites y los únicos que pagan los platos rotos al final del día es la sociedad en su conjunto.
Por eso a continuación voy a citar al menos dos de aquellos momentos más emblemáticos en la historia reciente de México:
Los defensores a ultranza del partido que hoy nos gobierna, de inmediato sacarán a relucir que el PRI hacía lo mismo y desde luego que tienen toda la razón.
Como olvidar aquella histórica sesión de la Cámara de Diputados el 17 de marzo de 1995 cuando la aplanadora priísta aprobó el incremento al IVA del 10 al 15 por ciento teniendo la oposición del PAN, del PRD y el PT, que no sirvió de nada ante la abrumadora mayoría tricolor en esos momentos, lo que generó un gran repudio social, primero por el incremento anunciado y luego por la manera en que el líder de la bancada Humberto Roque Villanueva festejó eufórico su triunfo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la famosa y vergonzosa “Roqueseñal”.
Durante ese periodo, gracias al control que se tenía en las dos cámaras , la de Diputados y Senadores, las mayorías del PRI hicieron lo que se les vino en gana con el país, sin tomar en cuenta la opinión de las minorías.
Casi una década después, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tras el acuerdo político denominado El Pacto por México, que suscribieron TODOS LOS PARTIDOS en el 2012, para apoyar un paquete de 11 reformas estructurales de corte liberal en el primer año de su sexenio, en materia económica, fiscal, energética, jurídica y educativa por citar tan solo algunos de los principales rubros, provocaron molestia e irritación social porque fueron calificadas de obedecer únicamente al mandato de organismos internacionales y no al interés del pueblo de México.
Aunque en esos momentos solo se contaba con mayoría relativa en las dos cámaras del Congreso de la Unión, esto no fue obstáculo para lograr la mayoría calificada que se requería, pues como en su oportunidad trascendió públicamente se sometió a los dirigentes nacionales de todos los partidos políticos y a los coordinadores de las fracciones parlamentarias en el Congreso para lograr los votos requeridos para la aprobación de las referidas reformas.
El caso es que tanto en 1995 como en el 2012 el partido en el poder logró su cometido, en el primer caso en por medio de un oprobioso mayoriteo y en segundo mediante la compra de voluntades de todos legisladores que se prestaron a vender su voto y que con el paso del tiempo se hizo público el mecanismo para lograr esta operación política a cargo del entonces Director de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien fue el encargado de realizar los pagos correspondientes.
De un modo o de otro quien ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en turno siempre hace lo que quiere con el país y aunque Morena supo vender muy bien la idea de que no eran iguales, que eran una opción política diferente, una vez que llegaron al poder demostraron tener la razón, porque resultaron peores y llevaron el abuso de poder al nivel de lo sublime, pues para no violar la Constitución, cada vez que se encuentran con alguna disposición legal que les estorbe a sus fines, simplemente la reforman o de plano la suprimen y asunto arreglado.
Todo lo que está pasando debiera ser motivo de ocupación y preocupación no solo a quienes trabajan en el poder judicial federal, sino a universidades, barras de abogados y al resto de la sociedad, toda vez que la sed de venganza del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el único poder que no se doblegó a sus deseos y que ahora retoma con firmeza la Presidenta Claudia Sheimbaun se ha llevado demasiado lejos, pues las reformas constitucionales no solo reducen notoriamente la importancia y el peso de los jueces y magistrados, sino que lastiman y erosionan nuestro sistema jurídico y afectan los derechos, libertades, garantías y derechos humanos de todos quienes vivimos en este país.
Lo hizo antes el PRI en su calidad de partido hegemónico, pero estuvo mal, no puede de ningún modo servir de justificación para volver a hacerlo, sino más bien podría ser una oportunidad para actuar diferente y ejercer el poder con prudencia y responsabilidad, pero esto ya vimos que no es así.
Es importante que como sociedad no nos quedemos pasmados como lo hicimos en el pasado, sino que esta vez reaccionemos y nos pronunciemos. Defender la independencia judicial es PROTEGER los derechos y libertades de todos los mexicanos.
Apostar por un Poder Judicial cooptado y partidizado es colocarnos en el umbral de la autocracia, además de que queda de manifiesto una inconsciencia infinita de negarse siquiera a intentar poner algún límite al poder. Nada nos han enseñado los años. Pareciera que esto no lo hubiéramos visto antes y que no supiéramos que el poder absoluto nos llevará irremediablemente al ABUSO ABSOLUTO.
* El autor es abogado, escritor y analista político.
