Por Manuel Carmona*
Foto: Es Imagen
Quienes por congruencia y convicción hemos fijado públicamente nuestra postura en defensa de la independencia judicial y por ende, la división de poderes, sabemos que todo lo tenemos en contra.
Una amplia mayoría de la opinión pública apoya al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en su iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial Federal y los votos suficientes en ambas cámaras para aprobar de manera contundente en cuanto sea sometida a votación al pleno del Congreso de la Unión.
Es el escenario ideal para el partido en el poder: una decisión de gobierno con una abrumadora aprobación social.
La consecuencia natural de esta propuesta de reforma, será que quien ocupe el Poder Ejecutivo Federal en el futuro inmediato, extenderá su influencia ya no solo al Poder Legislativo sino que también lo podrá hacer hacia el Poder Judicial Federal, puesto que la iniciativa plantea que para cubrir los puestos de Ministros, Magistrados y Jueces se formará una terna, la cual un candidato será propuesto por el Poder Ejecutivo, otro por el Legislativo y el último será propuesto por el Poder Judicial, entre los cuales se elegirá por voto popular a los nuevos juzgadores.
No será difícil saber desde ahora quiénes tendrán más posibilidades de ganar las votaciones para elegir a los nuevos juzgadores, si los candidatos del Poder Ejecutivo o de los demás poderes.
Es una obviedad suponer que los candidatos del Ejecutivo podrían tener más recursos económicos para su campaña, además del aparato propagandístico y logístico del gobierno federal para poder ganar los espacios que sean necesarios en la SCJN, en las magistraturas y en los juzgados federales, para así poder cerrar el circuito de concentración del poder en una sola persona, lo cual es el único y verdadero objetivo de la reforma, todo lo demás que se diga entorno a ella sale sobrando, en el lenguaje de la 4T, solo es politiquería.
El tema de los privilegios que son ciertos, el tema de la corrupción que también es cierta en algunos casos, el tema de la dilación en impartición de justicia que es cierto por razones de infraestructura y presupuesto y el tema del nepotismo que es real, podrían atenderse, limitarse y sancionarse y llegado el caso hacer una purga general de Ministros, Magistrados y Jueces, pero en las condiciones actuales eso no le beneficia al Ejecutivo porque con las reglas actuales serían sustituidos por otros juzgadores que podrían resultar incómodos y rebeldes.
Por esa razón el único objetivo es cambiar las reglas para su designación, es decir, la posibilidad de colocar a jueces afines al Poder Ejecutivo y que mejor que sea a través del voto popular para que el partido en el poder tenga la manera de inducir o al menos facilitarle los medios a los candidatos emanados de su corriente política para que puedan ganar las elecciones.
Y no digan que eso no va a pasar, porque eso siempre ha pasado, una y otra vez.
La tentación de concentrar el poder es cíclico y recurrente en la historia de la humanidad.
Han pasado siglos y lo único que cambia son los nombres y el entorno, pero lo que no cambia es la naturaleza humana.
Por eso es cuando llega a su fin en México el primer imperio instituido al término de la guerra de Independencia, el modelo de gobierno que surge hace 200 años después de acaloradas discusiones, es el de la República, el cual quedó plasmada en su primera constitución de 1824, que fue promulgada el 4 de Octubre de 1824 y que fue redactada por Valentín Gómez Farías entre otros ilustres mexicanos, fecha desde la cual quedó plasmada la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que se ha mantenido en las diferentes constituciones que hemos tenido desde ese entonces.
En la Constitución de 1857 y en la de 1917 se ha mantenido la República y la división de poderes que hoy se ve amenazada.
Si bien es cierto el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no será reformado y la división de poderes en apariencia queda intacta, la audaz maniobra política del presidente de la República, conlleva a someter de facto al Poder Judicial Federal, respetando y preservando el texto constitucional.
Lo que nos coloca de acuerdo a lo que establece los estándares internacionales que miden la calidad de las democracias en el mundo, como un país con democracia híbrida, es decir, con una democracia de papel, pero que en los hechos se convierte en un régimen absolutista.
Formó parte de una generación que se nos fue la juventud luchando contra una dictadura a la que Vargas Llosa la calificó de perfecta, pero aun así un día pudimos ver llegar a su fin. Hoy ha sido sustituida por un gobierno de izquierda que está a nada de convertirse en lo mismo contra la que se luchó durante décadas.
El sueño democrático que el país alcanzó en el año 2000 con el derrumbe de la hegemonía priista, nos duró muy poco, solo 24 años. Se vienen tiempos inciertos. La dictadura nuevamente: toca la puerta.
* El autor es abogado, escritor y analista político
