Desde el pasado 2 de octubre lo advertí en este mismo espacio, la aprobación o no del incremento a la tarifa del transporte público se iba a convertir en una “manzana envenenada” que podría dinamitar la buena comunicación que existía entre la administración saliente y la entrante y todo indica que así ya es.
La presión de los transportistas va a en aumento para que se apruebe el incremento a la tarifa del servicio público, es una promesa que se les hizo, antes, durante y después de la campaña, pese a que las condiciones de sus unidades dejan mucho que desear.
De antemano ya se sabía, este tema iba a provocar tensión, es como la culpa, “nadie se la quiere echar” y así sucede con la aprobación del incremento a la tarifa, nadie quiere cargar con el costo político de aprobar, sabedor de lo impopular que será esta medida.
Los transportistas tampoco las tienen todas consigo en sus demandas. Si bien es cierto que la tarifa se ha estancado, porque el último incremento otorgado data de hace 5 años, del 12 de octubre de 2019, también lo es el hecho de que han incumplido con todos los acuerdos que signaron en aquel momento con el entonces gobierno de Miguel Barbosa.
Dentro de estos acuerdos, estaba como casi siempre establecido, la tan traída y llevada modernización del sistema de transporte público, así como la instalación de las cámaras de seguridad en las unidades, tema que le costó su salida y la libertad, al entonces titular de la secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Arechiga Santamaría, acusado de adquirir parte de las dichosas cámaras con un proveedor vinculado a su hijo.
Pero de regreso al punto, los transportistas no han cumplido con este acuerdo, según datos aportados por el columnista, Jesús Ramos, el 50 por ciento de las unidades que circulan en la ciudad de Puebla y en el estado, tienen más de 10 años de antigüedad, es decir, incumplen con lo establecido en la ley del transporte de Puebla. Son en los hechos, verdadera chatarra circulando por la ciudad y el estado.
Otro asunto que no han cumplido, es la instalación de las cámaras de seguridad y el botón de pánico, con el cual, supuestamente deberían de contar, cada una de las unidades que transitan por los caminos de la entidad.
Es decir, los transportistas no tienen argumentos para solicitar el incremento a la tarifa, pero es aquí en donde entra el factor político. Fueron fundamentales, para las concentraciones del nuevo “partidazo” Morena.
Todas las movilizaciones realizadas antes y después de la elección y durante la campaña, corrieron a cargo de los transportistas poblanos y sus diferentes organizaciones, como se acostumbraba en el añejo priismo, que tanto dice odiar Morena.
Hay un compromiso del cual también en este mismo espacio hemos dado cuenta, además de un reclamo, porque mientras el sistema de transporte articulado, el Ruta en Puebla, recibe todos los beneficios y un subsidio gubernamental en su tarifa de casi 12 pesos, los transportistas poblanos, se tienen que conformar con lo que pagan los usuarios.
Sería muy importante que el gobierno del estado explique ¿por qué se les da un subsidio tan alto a los prestadores del RUTA y cuánto asciende anualmente? Esto, porque se paga con el dinero de todos los poblanos.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, si la administración saliente, termina por aprobar el incremento a la tarifa o si como todo indica, le dejan la “manzana envenenada” a la nueva gestión, con todo lo que ellos implican.
¿Se imagina qué pasaría con el bono democrático de Alejandro Armenta, si arranca su administración con un “tarifazo”?
La herencia de Omar. Por si fuera poco, la nueva administración que encabezará Alejandro Armenta, va a heredar un caos en materia de transporte público en Puebla, producto de la tolerancia hacia taxis y rutas piratas, así como por la invasión de rutas, sobre todo al sur de la ciudad y en la zona de Angelópolis, todo esto permitido por el actual titular de la Secretaría de Movilidad, Omar Álvarez Arronte.
Hace unos días se presentó un conflicto en la zona cercana al fraccionamiento Lomas de Angelópolis, se estuvo a punto de dar un conflicto entre operadores de las rutas de Antorcha Campesina y de la 28 de octubre.
¡Vaya herencia maldita! Que va a recibir la próxima administración y específicamente la nueva titular de esta área, Silvia Tanús, quien tendrá que hacer frente a la imperante corrupción y desorden en el área de movilidad y transporte.
No la tiene nada fácil la maestra Tanús.
