Por Isaac Palestina
@IsaacPalestinaD
El debate de la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha centrado en el cambio en su requisito de elegibilidad, pasando de una vía indirecta a una de votación popular, sin embargo, otro aspecto fundamental de la reforma es la manera en la que las funciones principales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedaron desvinculadas en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Distinguimos así dos aspectos de la función jurisdiccional: funciones sustantivas y adjetivas que antes recayeron exclusivamente en la cabeza del poder judicial. Las y los ministros de la SCJN, así como las jueces y magistrados se consolidan como servidores encargados de la revisión sustantiva del control constitucional mientras que el TDJ y el OAJ como instituciones encargadas del desempeño administrativo de la misma (función adjetiva). Por ello, afirmar que el PJF perderá autonomía es bastante aventurado.
Históricamente, la subordinación del Poder Judicial de la Federación no ha estado determinada por los métodos de elegibilidad de sus integrantes, sino por su dependencia presupuestal. Esta distorsión en el régimen de contrapesos se originó en 1861, cuando el presidente Benito Juárez impulsó la abolición de las costas judiciales sin contemplar una autonomía presupuestal.
Durante el siglo XX la centralización del presupuesto se consolidó en la voluntad presidencial y la corte quedó reducida a un tribunal de alzada constitucional. La reforma de 1994 redujo el número de ministros de 26 a 11 y se fortaleció como tribunal constitucional; aunque aumentó considerablemente su presupuesto, una parte relevante de este se convirtió en privilegios y canonjías para altos funcionarios de la jurisdicción mexicana. Esa Corte más que reformarse y fortalecer su vinculación con la sociedad solo se envileció más y al encontrarse sin respaldo ciudadano solo hizo patente la necesidad de una reforma de gran calado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación será integrada ahora por 9 ministros y será presidida por Hugo Aguilar Ortíz. Su trabajo se desarrollará en pleno y las resoluciones serán diversas por las diferentes perspectivas de género, dogmas personales y formaciones académicas en universidades públicas y privadas; tendremos una corte plural y diversa en cuanto a la ideología de sus integrantes, que ahora solo trabajaran como un auténtico tribunal constitucional.
El Tribunal de Disciplina Judicial quedó conformado por cinco magistrados y será presidido por Celia Maya García, jurista con más de cuarenta años de trayectoria en la judicatura, reconocida también por su labor académica y política. Su autoridad moral será decisiva para consolidar este órgano, encargado de garantizar la ética y la responsabilidad de juezas y jueces. Entre sus integrantes también sobresale Bernardo Bátiz, ex Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal (2000–2006), cuya experiencia y prestigio fortalecen la legitimidad del nuevo Tribunal.
Por su parte, el OAJ estará integrado por cinco consejeros propuestos de manera tripartita, la Presidencia de la República ha propuesto a Néstor Vargas Solano, otro será electo por el Senado con mayoría calificada de dos terceras partes, y tres más serán propuestos por la SCJN. Este órgano será el eje adjetivo del Poder Judicial, pues tendrá la facultad de manejar el presupuesto (más de 80 mil millones de pesos), reorganizar la estructura de circuitos y juzgados, dirigir la distribución y seguridad del personal judicial, así como coordinar la formación y evaluación de juezas, jueces y magistrados.
Fuerza y pronta recuperación, ministro Aristides. El pasado viernes 22 de agosto, el ministro Aristides Rodrigo Guerrero García sufrió un percance vehicular y actualmente se encuentra en recuperación. Su perfil representa un aporte valioso para la nueva Corte: ha destacado como docente, por su profesionalismo en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y por una campaña innovadora que combinó redes sociales y trabajo territorial, lo que le permitió obtener la simpatía ciudadana y el triunfo el 1° de junio. Ánimo y fortaleza.
