El sector de las telecomunicaciones y radiodifusión en México ha experimentado un notable crecimiento durante el actual sexenio, aumentando su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional del 2.7 al 3.6 por ciento, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales de 2023, un 35 por ciento de la población escucha estaciones de radio, mientras que el 75 por ciento de los hogares con televisión accede a contenidos de televisión abierta.
Desde la implementación de la reforma de las telecomunicaciones en 2013, México cuenta con cuatro tipos de concesiones para radio y televisión: comerciales, públicas, sociales y privadas y hasta octubre de 2023, el IFT otorgó un total de mil 612 concesiones para uso social, comunitario, indígena o público, mayoritariamente destinadas a la radiodifusión.
Todos estos aspectos llevan a revisar los ordenamientos legales y procesos para garantizar el uso equilibrado, justo y equitativo del espectro radioeléctrico, asunto no ajeno al órgano regulador nacional, que ha establecido una reciente modificación de los criterios establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), para la integración de socios en organizaciones civiles es una medida que merece ser analizada con atención.
La entrega de concesiones de espectro para servicios de telecomunicaciones o transmisión de radio y televisión de uso social es crucial para fomentar la diversidad de voces y garantizar el acceso a la información en diferentes comunidades.
Sin embargo esta noble intención se ve empañada por la presencia de lo que se conoce en el argot radiofónico como «lobos sociales».
Estos lobos sociales, son aquellos empresarios que, lejos de cumplir con el propósito social de las concesiones, las utilizan para fines comerciales o para favorecer intereses particulares. Ya sea desviando las frecuencias para transmisiones comerciales o aprovechándolas para obstaculizar a competidores, su presencia representa una amenaza para la autenticidad y la legitimidad de los proyectos de comunicación con orientación social o comunitaria.
Aquí vale la pena ofrecer un contexto al respecto con lo sucedido en Jilotlan de los Dolores, Jalisco, una comunidad con una población apenas cercana a los 11 mil habitantes, donde la Asociación Civil RYTSM AC, obtuvo en los últimos dos años un total de 17 concesiones de señales de radio y televisión.
Estas concesiones, otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), permitirán a RYTSM AC prestar servicios de radiodifusión y televisión digital terrestre en diversas ciudades de México, incluyendo Nuevo León, Sonora, Puebla, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Campeche y la Ciudad de México, alcanzando una audiencia de aproximadamente 40 millones de mexicanos.
Entre las concesiones obtenidas se destaca la frecuencia del canal 17 de televisión de carácter social en la Ciudad de México, uno de los mercados más grandes del país, con 22 millones de televidentes.
Es importante destacar que, a pesar de no estar registrado en el Buscador de Organizaciones de la Sociedad Civil del gobierno federal, RYTSM AC ha sido reconocido por el IFT como una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es instalar y operar estaciones de radio y televisión para beneficio social. La entrega de estas concesiones se llevó a cabo en un lapso de siete meses, entre diciembre de 2022 y junio de 2023.
La medida del IFT de modificar los Lineamientos Generales de integración de socios es un paso en la dirección correcta para enfrentar esta problemática. Al establecer un procedimiento más riguroso para la integración y separación de socios, así como para la autorización de nuevos ingresos, se busca asegurar que las concesiones de espectro de tipo social sean verdaderamente utilizadas para promover valores, preservar identidades culturales y prestar servicios sociales en las comunidades que las reciben.
Es fundamental que estas medidas regulatorias se apliquen con firmeza y transparencia para garantizar la autenticidad de los proyectos de comunicación social y comunitaria. Además, es necesario que se vigile de cerca el cumplimiento de estas normativas, y que se tomen acciones contundentes contra aquellos que intenten desvirtuar el propósito de las concesiones sociales.
La diversidad mediática es un pilar fundamental de la democracia y el acceso equitativo a la información; protegerla requiere de un compromiso serio por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, pues en un momento donde la manipulación y la concentración de medios representan una amenaza para la libertad de expresión, es urgente que se fortalezcan los mecanismos para proteger y promover la diversidad y la pluralidad en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión mexicanas.
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