El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, informó que una auditoría aplicada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla detectó diversas irregularidades en los procesos de asignación de plazas docentes, tanto temporales como definitivas.
Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que entre las principales observaciones se encuentran normatividad desactualizada, expedientes incompletos, inconsistencias entre convocatorias, adscripciones y pagos, así como fallas en la trazabilidad administrativa. Además, se identificaron relaciones familiares, discrecionalidad y acuerdos internos que presuntamente influyeron en la entrega de espacios laborales dentro del sistema educativo estatal.
Precisó que estas observaciones forman parte de una revisión preventiva y de una auditoría enfocada en los mecanismos de designación de plazas, cuyo primer informe fue integrado el pasado 19 de diciembre.
“Tenemos resultados iniciales; se han detectado debilidades en los procesos administrativos relacionados con la asignación de plazas, como normatividad desactualizada, expedientes incompletos, inconsistencias entre convocatorias, adscripciones y pagos, además de discrecionalidad y relaciones familiares”, expuso García Parra.
El coordinador de Gabinete señaló que, una vez concluido e integrado el expediente conforme a la ley, se dará vista a las instancias competentes, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Asimismo, indicó que en los casos donde se detecte manejo de recursos federales, se notificará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Subrayó que esta revisión no tiene un carácter persecutorio ni busca afectar los derechos laborales del magisterio. Aseguró que responde a la convicción del gobernador Alejandro Armenta Mier de ordenar y fortalecer el sistema educativo en la entidad.
En ese sentido, aclaró que las plazas otorgadas conforme a la ley no serán invalidadas y que la auditoría no prejuzga conductas ni pretende criminalizar a maestras y maestros. “Las contrataciones realizadas bajo el procedimiento legal serán respetadas y no enfrentarán ningún tipo de problemática”, afirmó.
Finalmente, García Parra destacó que esta revisión tiene como objetivo impulsar un nuevo esquema de justicia laboral, para que las y los docentes de carrera sean los principales beneficiarios en la asignación de plazas, garantizando procesos más transparentes, equitativos y apegados a la legalidad en el sistema educativo estatal.
