Alma Méndez
El gobernador del estado, Alejandro Armenta, reiteró que la organización Antorcha Campesina mantiene un interés particular en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en el contexto del paro de actividades y la toma de instalaciones de la institución.
Esto en el marco de la faena comunitaria en el bulevar Forjadores y Periférico, el mandatario hizo un llamado al respeto de la autonomía universitaria y confirmó nuevamente que dicha organización busca influir en la universidad. Además, señaló que las acciones de Antorcha afectan el derecho a la educación de terceros, lo que, según él, representa una violación a la Constitución.
En entrevista, Armenta descartó la existencia de órdenes de aprehensión contra los miembros de Antorcha Campesina que han participado en las movilizaciones. No obstante, exhortó a las autoridades correspondientes a investigar las razones detrás del interés de la organización en la universidad.
Asimismo, subrayó que las investigaciones no son competencia de su administración, ya que corresponden al Poder Judicial. En ese sentido, cuestionó el rol de Antorcha Campesina en el sector de hidrocarburos, señalando el tiempo y los recursos que la organización dedica a diversas actividades.
“Antorcha Campesina tiene intereses en la Universidad Autónoma de Puebla… Lo digo con respeto y contundencia. Y pregunto: ¿no tienen suficiente trabajo con todas las gasolinerías que operan en el país?”, expresó el gobernador.
Las declaraciones del mandatario surgen en medio del estancamiento en la entrega del pliego petitorio general de las facultades en Ciudad Universitaria, lo que ha impedido avanzar en la resolución del paro. Entre las principales quejas de los estudiantes se encuentran denuncias por acoso, falta de docentes, mantenimiento deficiente y carencias en equipamiento.
Por último, Armenta aseguró que su gobierno respeta la libre expresión y los derechos humanos. También reiteró su compromiso con la autonomía universitaria, asegurando que su administración no intervendrá en el conflicto entre los alumnos y la rectora para no afectar el proceso de resolución. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el Estado actúe como mediador en caso de ser requerido por la institución.
