El mandatario estatal califica la concesión de «leonina» y advierte investigaciones contra exfuncionarios del PAN; colectivos sociales alertan sobre la posible entrada de capital filipino al servicio.
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En lo que representaría el golpe de timón más importante en la gestión de los recursos hídricos en la historia reciente de la entidad, el gobernador Alejandro Armenta comentó que su administración analiza la adquisición del 75 por ciento de las acciones de la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida comercialmente como Agua de Puebla.
Durante su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo afirmó que el derecho al agua es una prioridad irrenunciable y adelantó que, aunque el proceso es jurídicamente complejo, su equipo trabaja en una «sorpresa» para los poblanos que podría devolver el control público al servicio.
Armenta Mier no escatimó en críticas hacia las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes señaló como responsables de haber entregado el recurso a particulares bajo esquemas «leoninos».
«Es un tema muy delicado. La privatización se hizo con cláusulas ventajosas para los particulares; si el Estado quiere renegociar, el contrato actual contempla penalizaciones severas», explicó el gobernador, subrayando que la estructura legal de la concesión fue diseñada para blindar a la empresa por encima del interés social.
El mandatario vinculó este proceso con una revisión histórica de las grandes obras del morenovallismo. Anunció que tanto la concesión del agua como la construcción del Museo Internacional del Barroco serán investigadas a fondo para sancionar posibles actos de corrupción. «No es persecución, es aplicación de la ley», sentenció.
El contexto de esta decisión se acelera tras la presión de grupos civiles. El pasado 11 de diciembre, colectivos como la Asamblea Social del Agua (ASA) y la Contraloría Autónoma del Agua “Joel Arriaga” entregaron una petición formal al Gobierno del Estado para intervenir en la estructura accionaria.
La urgencia de los activistas radica en el riesgo de que Manila Water Company, una firma transnacional de Filipinas, adquiera las acciones de la concesionaria. Según los defensores del agua, la entrada de capital asiático alejaría definitivamente cualquier posibilidad de control público y transparencia en el cobro y saneamiento del vital líquido en la capital y zona conurbada.
