El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que cancelar la concesión a la empresa Agua de Puebla representaría un gasto estimado de 10 mil millones de pesos para el estado, por lo que se están revisando alternativas jurídicas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a la población.
En conferencia de prensa, el mandatario explicó que, además del alto costo económico, la cancelación implicaría un procedimiento judicial complejo. Recordó que, durante administraciones anteriores, la empresa concesionaria mantuvo vínculos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que —según afirmó— impidió que se iniciaran procesos legales en su contra.
“Si hoy hiciéramos un procedimiento, estoy seguro de que la Suprema Corte actuaría de manera distinta a como lo hizo en el pasado”, señaló Armenta. Agregó que su gobierno continúa litigando una deuda superior a los tres mil millones de pesos relacionada con obras inexistentes.
Si bien el ejecutivo estatal no precisó una fecha para una posible cancelación de la concesión, el gobernador subrayó que se busca una solución legal que permita avanzar en beneficio de los poblanos. Para ello, adelantó que en el futuro se realizará una mesa de trabajo con autoridades estatales, federales y judiciales, así como con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para definir una estrategia conjunta y las inversiones necesarias.
