Alma Méndez
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El gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, informó que se encuentran en curso investigaciones por presuntas irregularidades en cuatro dependencias estatales: el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y la Secretaría de Medio Ambiente.
De acuerdo con el Ejecutivo estatal, los procesos incluyen auditorías, denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sanciones administrativas y, en algunos casos, reestructuraciones institucionales, como ocurre con el CAPCEE. Las investigaciones fueron impulsadas, en parte, por señalamientos realizados por los propios titulares de las dependencias.
Uno de los casos más graves se detectó en el Registro Público de la Propiedad, donde se identificaron actos de corrupción que incluían el cobro indebido de entre 5 mil y 10 mil pesos por agilizar trámites que, en condiciones normales, debían resolverse el mismo día. En respuesta, el gobierno estatal ordenó la disolución de esta instancia y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal. Además, se solicitó una auditoría formal al organismo.
Durante el anuncio, el gobernador Armenta reiteró su compromiso con una política de “cero impunidades y cero tolerancias” frente a la corrupción, y subrayó que no se trata de una persecución política, sino del cumplimiento de la ley y del respeto a los derechos humanos.
El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a presentar denuncias formales en casos de extorsión, fraude o sobornos, al señalar que “no se puede actuar sin querella ciudadana”.
Hasta la fecha, en lo que va de 2025, se han sancionado a 36 funcionarios públicos y se han abierto 478 expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción en la administración estatal. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reporta actualmente más de 400 casos en investigación.
