Alma Méndez
El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, rechazó que la Ley de Ciberseguridad recientemente aprobada en Puebla limite la libertad de expresión. Aseguró que la ciudadanía conserva el derecho de criticar y señalar a servidores públicos, especialmente cuando estos incumplen con sus responsabilidades.
En rueda de prensa, el funcionario aclaró que dicha legislación no prohíbe denunciar omisiones, actos de corrupción o falta de resultados, y reiteró que los funcionarios de cualquier nivel tienen la obligación de rendir cuentas.
“Es falso que ya no se pueda señalar a los funcionarios. Todas y todos los servidores públicos tenemos obligaciones de transparencia, y si alguien no cumple con su responsabilidad se le puede señalar por su omisión, incapacidad o corrupción. Eso no tiene nada que ver con esta ley”, puntualizó.
García Parra explicó que la Ley de Ciberseguridad está enfocada en prevenir delitos digitales, especialmente aquellos que afectan a menores de edad. En ese sentido, destacó que el Estado tiene como prioridad garantizar la protección de la ciudadanía ante los riesgos presentes en el entorno digital.
El coordinador informó que Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en delitos cibernéticos, y que entre 2024 y 2025 se han abierto alrededor de 1,500 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos.
Indicó que, hasta antes de la aprobación de la ley, muchas de estas denuncias no podían judicializarse debido a que no existía un marco legal adecuado. Solo dos carpetas fueron remitidas a proceso, pero por delitos distintos, sin relación directa con el entorno digital.
Para concluir, el funcionario estatal también abordó los casos de acoso cibernético contra menores, señalando que algunos de ellos han tenido consecuencias graves. “Muchos niños que sufren acoso en redes sociales llegan a considerar el suicidio, y tristemente en algunos casos lo consuman”.
