Más de 100 demandas derivadas de contratos heredados de administraciones anteriores que no fueron cubiertos en su momento, algunos de ellos con una antigüedad de hasta 20 años y costarían al estado hasta 3 mil 500 mdp, señaló el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, informó que actualmente existen
En entrevista, detalló que al inicio del actual gobierno se identificó más de un centenar de juicios en curso, por lo que aquellos de mayor cuantía son atendidos de manera prioritaria por la Consejería Jurídica del estado, debido a las implicaciones presupuestales que podrían derivarse de sus resoluciones.
Precisó que tres de estos litigios ya cuentan con sentencias emitidas en los años 2013, 2015 y 2023, las cuales obligarían al estado a erogar alrededor de mil 100 millones de pesos. Ante este escenario, señaló que las resoluciones se encuentran en análisis con el objetivo de negociar intereses y explorar mecanismos de acuerdo que eviten afectaciones severas al presupuesto estatal.
García Parra explicó que, si bien los montos reclamados son variables, 10 de estos litigios representan el mayor riesgo para las finanzas públicas, ya que en conjunto podrían generar un impacto de hasta 3 mil 500 millones de pesos.
Durante la revisión de los expedientes, el funcionario reveló que se detectó un presunto esquema de operación irregular en el que habrían participado empresas y exfuncionarios, mediante la aprobación de obras que no se ejecutaron y la validación de conceptos fuera de contrato, lo que provocó la inflación de los montos que actualmente se reclaman en tribunales.
Reconoció que, debido al tiempo transcurrido, algunos delitos ya prescribieron; no obstante, aseguró que el gobierno estatal integra expedientes para proceder legalmente contra los socios de las empresas involucradas, al considerar que los hechos podrían configurar delitos de delincuencia organizada.
Finalmente, afirmó que la prioridad de la administración es proteger los recursos públicos, exhibir a quienes presuntamente intentaron desviar fondos y reducir el impacto económico que estas demandas podrían representar para las finanzas del estado de Puebla.
