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El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) detectó una irregularidad técnica superior a 300 millones de pesos correspondiente al periodo 2022-2024, monto que la concesionaria Agua de Puebla no ha logrado acreditar como inversión en obra pública, conforme a lo establecido en su título de concesión.
La empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V., operadora del servicio, sostiene que sí realizó dichas inversiones; sin embargo, hasta el momento no ha podido demostrar que los recursos hayan sido destinados a infraestructura hidráulica.
En entrevista, la directora del SOAPAP, Josefina Morales Guerrero, confirmó que el organismo se encuentra en una fase de revisión de expedientes, debido a la falta de sustento documental que respalde las obras reportadas por la concesionaria.
“Se ha realizado la inversión pública, pero falta acreditarla. El sistema operador tiene que validar esa inversión y estamos en la revisión de los expedientes para comprobar más de 300 millones de pesos correspondientes a 2022-2024”, explicó.
De acuerdo con el contrato vigente, la concesionaria está obligada a realizar inversiones constantes para mejorar el servicio; no obstante, en el último bienio de la administración pasada se detectó un vacío documental en torno a estas obras.
Este hallazgo se da en un contexto de reiteradas quejas ciudadanas por desabasto y mala calidad del agua, lo que pone en duda el destino real de los recursos. La situación forma parte de las anomalías que el actual gobierno estatal ha señalado como parte de la revisión integral de la concesión.
A pesar de la magnitud de la inconsistencia, y de que el pasivo total del organismo asciende a 2 mil 300 millones de pesos, el SOAPAP aún no ha iniciado procesos legales contra el exdirector Gustavo Gaytán Alcaraz.
Morales Guerrero, quien asumió el cargo a mediados de febrero, indicó que el diagnóstico técnico continúa en curso y evitó adelantar responsabilidades.
“No hemos presentado denuncias en este momento. Es poco tiempo desde que asumí el cargo y seguimos en el análisis”, puntualizó.
La funcionaria reiteró que primero se concluirá la revisión de los expedientes relacionados con las anomalías detectadas antes de proceder legalmente.
Este caso se inserta en la estrategia de revisión y “limpieza” administrativa impulsada por el gobierno estatal en torno a la concesión del agua. El gobernador Alejandro Armenta Mier ha señalado que el modelo actual presenta opacidad y debe reformarse para garantizar un servicio eficiente y con enfoque social.
En ese contexto, las irregularidades por más de 300 millones de pesos se perfilan como uno de los expedientes clave en la revisión del sistema hídrico en Puebla.
