Alma Méndez / Foto: Es Imagen
La historia de Daniela Flores Mustre es el reflejo de cómo la violencia vicaria puede convertirse en un calvario legal y emocional cuando las autoridades no aplican de manera efectiva la perspectiva de género e infancia. Por lo que, exhortó a las autilidades para que actúen con perspectiva de género e infancia, recordando que la violencia vicaria no golpea a una sola víctima: las niñas y los niños quedan desprotegidos cuando el sistema falla.
En rueda de prensa, la madre narró que fueron siete años de amenazas, persecución y denuncias falsas marcaron la vida de una madre poblana y de su hija, quienes hoy son víctimas reconocidas de violencia vicaria, un delito que —asegura— aún es minimizado por las autoridades.
La historia comenzó en mayo de 2016, cuando su expareja, de origen franco-británico, la amenazó con quitarle a su hija si no cumplía con sus exigencias. Dos años después, tras ser expulsada violentamente de la casa familiar junto con su hija de apenas cuatro años, decidió no regresar. A partir de entonces, comenzó un calvario legal y personal que se prolongaría por más de siete años.
En octubre de 2018, y en menos de 24 horas, un juzgado familiar entregó la custodia provisional al agresor, dejándola sin contacto alguno con su hija. Poco después, el padre acusó falsamente de abuso sexual a la menor, usando peritajes sin validez legal. A pesar de que en cuatro ocasiones la Fiscalía concluyó que “el delito no se cometió”, la niña fue sometida a múltiples peritajes que la revictimizaron.
“Mi hija fue usada como un instrumento para dañarme, manipulada y sometida a un proceso desgarrador que no buscaba protegerla, sino destruirnos a ambas”, denunció la madre.
Tras años de lucha legal, en junio de 2025 un juez penal vinculó a proceso al padre por Sustracción de Menor y Violencia Familiar tipo Vicaria. Sin embargo, al saberse en riesgo de perder la custodia, el agresor huyó con la niña, obligando a activar una Alerta Amber. La menor fue finalmente recuperada, pero no sin que el padre impusiera condiciones para entregarla, manteniendo el control y la violencia hasta el último momento.
Hoy, aunque la custodia ya le fue restituida, la madre afirma que la violencia continúa: enfrenta nuevas denuncias falsas y una campaña mediática de desprestigio que busca silenciarla y desacreditarla.
“Han sido siete años de dolor, de separación, de sentir que el sistema nos arrebataba todo. No puedo decir que la pesadilla terminó, porque la violencia sigue. Mi hija y yo tenemos que reconstruirnos de años de terror. La justicia nos llegó tarde, pero aún estamos de pie”, concluyó.
