A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Gerardo Cortés Caballero denunció haber sido privado de su libertad de manera ilegal por elementos de la Policía Estatal de Investigación, señalando una grave violación a sus derechos humanos y al debido proceso.
Cortés Caballero informó que, al momento de su detención al interior de su domicilio, contaba con suspensiones definitivas de amparo. Dichas resoluciones judiciales ordenaban expresamente que no se ejecutara ninguna orden de aprehensión en su contra, garantizando su derecho a enfrentar cualquier proceso en libertad.
El afectado calificó la actuación de las autoridades estatales como un «precedente preocupante» para la ciudadanía, argumentando que el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa.
«La actuación de los elementos policiales, al desatender resoluciones judiciales, constituye una grave violación al principio de legalidad que debe regir en un Estado democrático de derecho», dicta el documento.
Ante lo que describe como un incumplimiento de mandatos federales y un uso indebido de la fuerza pública, la defensa de Cortés Caballero ya ha presentado los recursos correspondientes. El denunciante manifestó su confianza en que el Poder Judicial restablecerá el orden legal y sancionará a quienes resulten responsables del desacato.
Finalmente, Gerardo Cortés hizo un llamado enérgico al respeto de la ley y expresó su preocupación por su integridad física y estado de salud, dadas las condiciones de su detención. Reiteró su disposición de colaborar con las autoridades, siempre y cuando se respete la legalidad y el debido proceso.
