La Jueza de Control, Alejandra Román Pérez, cambió la prisión preventiva a arresto domiciliario para Ricardo “N”, a pesar de admitir un riesgo real de sustracción; colectivos critican que se priorizaron los derechos del imputado sobre la seguridad de las víctimas.
Una ola de indignación y rechazo se ha levantado en contra del Poder Judicial del Estado de Puebla, luego de que la Jueza de Control, Alejandra Román Pérez, decidiera modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario para Ricardo “N”, quien es señalado como responsable de haber sustraído a su hijo de los brazos de su madre durante más de seis años.
La resolución judicial, que permite a Ricardo “N” seguir su proceso fuera de prisión, ha sido calificada como un «retroceso preocupante» para el Estado en materia de violencia vicaria y protección a la infancia.
La decisión resulta particularmente polémica debido a la contradicción en la que incurrió la juzgadora durante la audiencia. En un primer momento, la Jueza Román Pérez argumentó que no existía riesgo de sustracción para justificar el cambio de medida cautelar. No obstante, al emitir su resolución final, admitió que dicho riesgo sí persistía.
Pese a reconocer el peligro, la jueza optó por la medida de arresto domiciliario en el hogar de los padres del imputado, sin que se realizara una evaluación de riesgo reciente y sin garantías de seguridad para la madre y el menor.
«Cabe señalar que, en etapas previas del proceso, los propios padres del imputado fueron llamados por la autoridad y aun así ocultaron el paradero de Ricardo N y de su hijo, por lo que no existen condiciones de confianza ni seguridad que justifiquen esta decisión judicial,» señala el comunicado.
Otro punto de crítica es la medida de vigilancia impuesta. La jueza dispuso que el imputado sea vigilado de manera permanente (24/7) por elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, una condición que, según los denunciantes, no garantiza que existan los recursos humanos ni materiales para hacerlo posible.
Además, la autoridad judicial consideró improcedente imponerle una pulsera electrónica, argumentando que el imputado «carece de recursos económicos para adquirirla», priorizando así el factor económico del agresor sobre la seguridad de las víctimas.
El caso es emblemático por la lucha de la madre, Andrea Lezama Bonilla, quien ha visibilizado esta forma extrema de violencia. Sin embargo, con esta decisión, la juzgadora «priorizó los derechos del imputado sobre el derecho a la seguridad e integridad de las víctimas: una madre y su hijo menor de edad.»
Las voces de rechazo exigen que el Poder Judicial del Estado de Puebla asuma su responsabilidad y garantice medidas de protección «reales y efectivas», pues existe un «temor fundado por la integridad y seguridad del menor y de su madre». Colectivos y activistas señalan que la resolución refleja una falta grave de sensibilidad, preparación y perspectiva de infancias y género.
