La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la creación de la Ley General contra la Extorsión, al considerar que unifica criterios, incrementa sanciones y fortalece la coordinación nacional para combatir este delito. El organismo empresarial señaló que esta legislación representa un avance para mejorar la estabilidad social, aunque reiteró la necesidad de contar con un marco jurídico integral y uniforme que frene su expansión.
En un comunicado, Coparmex afirmó que la nueva Ley responde a una demanda ciudadana y del sector productivo para cerrar espacios a la impunidad y reforzar la actuación de las autoridades frente a una de las prácticas ilícitas de mayor impacto económico y social.
De acuerdo con la organización, aun sin considerar la cifra negra —que estima en 97% de casos no denunciados—, cada día se reciben 31.3 denuncias por extorsión. Solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos. Agregó que el impacto real es mayor, ya que las cifras oficiales solo reflejan los reportes de víctimas que presentan denuncia.
Con base en la herramienta DataCOPARMEX, el organismo detalló que el 12.8% de sus socios ha sido víctima de extorsión, principalmente a través de llamadas telefónicas (70.5%).
Coparmex indicó que, para que la nueva Ley se traduzca en resultados efectivos, se requieren tres acciones prioritarias: garantizar presupuesto suficiente para su implementación; capacitar a policías, fiscalías y jueces en el nuevo marco jurídico; y promover que gobiernos y congresos locales homologuen sus legislaciones para asegurar una operación coordinada a nivel nacional.
Entre los avances de la minuta, destacó el aumento de penalidades, que van de 15 a 20 años de prisión y pueden alcanzar 30 años en casos agravados. También reconoció la incorporación de mecanismos de protección para víctimas, como el resguardo de identidad, imagen y voz mediante herramientas tecnológicas, además de la inclusión de una perspectiva de género.
El organismo señaló que la Ley establece un plazo máximo de 180 días hábiles para instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios, con el objetivo de frenar las extorsiones originadas desde cárceles.
Finalmente, Coparmex reiteró su disposición para colaborar con el Poder Legislativo, autoridades de seguridad y gobiernos estatales y municipales en la elaboración de una reglamentación clara que brinde certeza a las víctimas y evite interpretaciones discrecionales.
Coparmex respalda la conformación de la Ley General contra la Extorsión
