Jorge Barrientos
El diputado Julio Miguel Huerta Gómez, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso del Estado de Puebla, presentó una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Ley de Voluntad Anticipada, con el objetivo de eliminar ambigüedades legales y garantizar el respeto pleno a la autonomía de los pacientes en situación terminal.
La propuesta legislativa busca precisar que el Documento de Voluntad Anticipada no podrá ser revocado por familiares cuando haya sido firmado por el paciente en pleno uso de sus facultades mentales, incluso si posteriormente estas se ven afectadas por su condición de salud. Con ello, se pretende evitar interpretaciones que vulneren la voluntad libre e informada de las personas.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que la redacción vigente presenta una imprecisión al centrarse únicamente en el estado actual del paciente, sin establecer claramente que el documento debe haberse suscrito bajo condiciones de plena capacidad mental. Esta omisión, advirtió, podría permitir que decisiones tomadas en condiciones de vulnerabilidad queden protegidas sin posibilidad de revisión, lo que contraviene principios bioéticos y jurídicos.
Huerta Gómez subrayó que la figura de la voluntad anticipada se sustenta en el respeto a la autonomía del paciente, entendida como la capacidad de tomar decisiones informadas, libres y conscientes sobre su tratamiento médico.
En este sentido, destacó que organismos internacionales han respaldado este enfoque, al reconocer el derecho de las personas a decidir sobre su atención médica incluso en etapas avanzadas de enfermedad.
Asimismo, la iniciativa contempla una excepción en casos donde exista una causa médica justificada que permita al paciente recuperar su salud de manera inequívoca, lo que abriría la posibilidad de revisar los efectos del documento.
El legislador indicó que la reforma también busca brindar mayor certeza jurídica tanto a familiares como a profesionales de la salud, quienes actualmente pueden enfrentar dilemas ante la falta de claridad normativa.
Finalmente, la propuesta plantea que, una vez aprobada, el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y se deroguen todas las disposiciones que se opongan a esta modificación.
