La conversación pública en México enfrenta hoy un desafío profundo: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde comienza la responsabilidad frente a la violencia? Hoy, durante la Mañanera del Pueblo, se recordó un episodio ocurrido hace algún tiempo, cuando Citlalli Hernández presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra Ricardo Salinas Pliego por el uso sistemático de expresiones que denigraban su persona, centradas en su físico y su apariencia.
El propio INE admitió la queja al considerar que se trataba de violencia política de género e incluso dictó medidas cautelares para que esas publicaciones fueran retiradas. No obstante, la persona denunciada decidió impugnar la resolución y los contenidos permanecieron en la plataforma X, lo que evidencia una tensión cada vez más clara entre la regulación democrática y el comportamiento de actores con enorme poder en el espacio digital.
El problema, sin embargo, no es únicamente personal. Cuando el insulto, la burla o la humillación contra una mujer en la vida pública se normalizan, se vulneran principios básicos de respeto, dignidad e igualdad que deberían guiar nuestra convivencia democrática.
Muchas mujeres se sintieron también agredidas al ver que estas expresiones circulaban sin consecuencias. Por ello es indispensable reflexionar sobre la corresponsabilidad de las plataformas digitales: no pueden permanecer ajenas a los valores de una sociedad que busca construir un espacio público más justo, incluyente y respetuoso.
La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero nunca debe convertirse en permiso para la violencia o la discriminación. Avanzar hacia un país más igualitario implica promover una cultura de respeto, donde la crítica y el debate sean firmes, pero siempre con humanidad, dignidad y sin agresiones contra las mujeres.
