La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en las instituciones del Estado mexicano no es un simple gesto de modernización tecnológica; es un desafío de ética pública, responsabilidad jurídica y eficiencia institucional.
En el ámbito judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha comenzado a explorar su uso como herramienta de apoyo para mejorar el acceso a la justicia.
Esto se enmarca en una tendencia global que busca utilizar la tecnología para hacer más comprensibles y accesibles las resoluciones, sin sacrificar la deliberación humana que es la esencia de la función jurisdiccional.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García ha sido una de las voces que impulsa un enfoque prudente: la IA puede apoyar en la búsqueda de jurisprudencia, la explicación de sentencias complejas o la creación de canales de atención ciudadana, pero nunca debe reemplazar el razonamiento jurídico ni la argumentación de fondo.
Su visión subraya que el conocimiento y la formación continua de jueces y servidores judiciales son esenciales para integrar estas tecnologías sin perder rigor.
En un país donde el acceso a la justicia ha estado limitado por procesos complejos y lenguaje técnico, la IA podría ser un puente para la ciudadanía.
