La ministra Norma Piña merece juicio político, está azuzando a los altos mandos y a trabajadores del Poder Judicial a estar en paro de labores ofreciéndoles que podrán cobrar sin trabajar a cambio de obstruir al Poder Legislativo para que no podamos ejercer nuestras facultades de legislar para aprobar la Reforma Judicial, afirmó la diputada federal Dolores Padierna Luna (Morena).
“Hacemos un llamado a la ministra Norma Piña a la racionalidad, al respeto a la legalidad, a apegarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo contrario, será merecedora de juicio político, ella y cualquier alto mando que esté impidiendo las labores del Poder Legislativo» afirmó la legisladora en un comunicado.
Consideró que la ministra está incurriendo en responsabilidades administrativas, así como en un claro conflicto de interés y varios delitos como el ejercicio ilícito de funciones, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el pago indebido de remuneraciones y en el uso ilícito de atribuciones.
Padierna Luna recordó que la impartición de la justicia está considerada como un servicio público de interés general, conferido constitucionalmente al Poder Judicial Federal y está obligado a velar por su prestación en forma continua y sin interrupciones de ningún tipo.
Subrayó que, de acuerdo con el artículo 110, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es causa de responsabilidad de los servidores públicos «dejar de desempeñar las funciones de sus altos cargos».
El título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la responsabilidad de juicio político a ministras o ministros que falten a la ley o incurran en delitos.
«A la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial federal le corresponde garantizar la prestación del servicio público de impartición de justicia. Por ello, está impedida para hacer un paro de labores porque en su caso es abdicar a las facultades que le confiere la Constitución», afirmó.
La diputada federal recordó que Norma Piña no es trabajadora de base, es ministra presidenta de la Corte y está obligada a trabajar por lo que se le paga.
«Los artículos 160 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevén una larga lista de los cargos de confianza, que son altos mandos, jueces, magistrados, secretarios de acuerdos, directores generales y un largo etcétera, que por ser personal de confianza están obligados a prestar el servicio público, en este caso de justicia.
«No tienen derecho de huelga, no pueden hacer paro de labores, los trabajadores de base sí, pero los altos mandos no, y Norma Piña es presidenta del Consejo de la Judicatura, además de ser ministra de la Corte; ella debe iniciar procedimientos administrativos a quienes estén incumpliendo con sus funciones, pero lejos de hacerlo, ella misma ordena el paro de labores y ordena que se les pague a estos altos mandos sin trabajar, causando un daño al erario», señaló.
Padierna Luna insistió en que la acción de validar el paro de altos mandos del Poder Judicial viola los preceptos constitucionales y viola la Ley Orgánica del Poder Judicial, y esto es causa de responsabilidad administrativa, de acuerdo con la fracción X del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
