Alma Méndez
Diversos organismos empresariales manifestaron su rechazo a la propuesta del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, de regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.
En un pronunciamiento conjunto, representantes de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), señalaron que esta medida contradice el mandato legal del Infonavit y representa un riesgo para los recursos de los trabajadores que cotizan en este fondo.
De acuerdo con el documento firmado por las organizaciones, el Infonavit fue creado con el objetivo de proteger y fortalecer el patrimonio de los trabajadores, no para legalizar ocupaciones irregulares ni beneficiar a personas que han tomado posesión de viviendas sin título legal.
Según cifras de la Secretaría del Bienestar, de un total estimado de 843 mil viviendas susceptibles de revisión, se han censado hasta ahora 168 mil, de las cuales el 86 por ciento están habitadas por personas que no tienen vínculo jurídico alguno con el Instituto ni con los propietarios legítimos. Para los organismos firmantes, permitir que estas personas accedan a la propiedad de los inmuebles a precios subsidiados sienta un precedente negativo.
Las agrupaciones empresariales reconocieron la declaración reciente de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, con el objetivo de evitar “malas interpretaciones” sobre la iniciativa.
En ese sentido, hicieron un llamado a que dicha postura se traduzca en acciones institucionales claras por parte del Infonavit y se evite avanzar en esquemas que, advirtieron, podrían institucionalizar la ocupación ilegal de viviendas.
Finalmente, los organismos subrayaron que la certidumbre jurídica debe sustentarse en políticas públicas alineadas con la legalidad, el marco constitucional y el interés de los trabajadores, y no depender de interpretaciones posteriores.
