La diputada Olga Sánchez Cordero (Morena) sostuvo que la reforma constitucional que plantea una reestructuración jurídica de los organismos autónomos salvaguarda los derechos de las y los ciudadanos y reduce los costos de su administración.
“Este cambio se ha planteado no sólo de observar la duplicidad de funciones que implican, sino la necesidad de mejorar su eficiencia, simplificar trámites y perfilar alternativas menos onerosas y más eficaces para cumplir sus funciones, ya que éstas no desaparecen, se conservan y fortalecen”, señaló.
En tribuna, durante la discusión del dictamen en materia de órganos constitucionales autónomos, subrayó la importancia de mantener instituciones que se encarguen de responsabilidades como el acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, así como de la evaluación de las políticas sociales y educativas, la regulación energética o de la competencia económica o de telecomunicaciones.
Sin embargo, dijo Sánchez Cordero, no se puede continuar con los esquemas diseñados en las reformas de 2013 y 2014, que fueron en el marco del Pacto por México, propios de la visión privatizadora que el electorado hoy ha rechazado y que no atendieron a las necesidades de la nación.
“El dictamen no sólo plantea disminuir costos onerosos para el erario público, sino que representa la posibilidad de que el diseño institucional del país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de soberanía, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, y como nosotros lo tuvimos entre 1992 y 2013, en los gobiernos de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin tener la naturaleza de órganos constitucionales autónomos”, dijo.
Enfatizó que los organismos autónomos no han reducido sus costos y su naturaleza jurídica de autonomía constitucional no ha permitido la rendición de cuentas o fiscalización sobre sí mismos, más allá de lo que aleatoriamente llega a hacer la Auditoría Superior de la Federación o, en su caso, los informes que rinden ante el Congreso.
“Desafortunadamente, en más de 20 años no se logró cerrar el ciclo virtuoso de la transparencia hacia la rendición de cuentas o hacia la responsabilidad en su actuación. La autonomía constitucional no abonó a eso. Por eso, esta reforma sí cierra el ciclo y hace viable la posibilidad de que la transparencia derive en procesos judicializables anticorrupción”, concluyó la diputada de Morena.
