La iniciativa plantea penas de hasta 70 años de prisión, elimina beneficios legales y obliga a un enfoque integral de prevención, justicia y reparación del daño
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual establece que el Ministerio Público estará obligado a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer.
La mandataria explicó que este delito se configura cuando existe un homicidio por razones de género, es decir, cuando la violencia se ejerce contra una mujer por el hecho de serlo. En ese sentido, subrayó que la iniciativa busca homologar a nivel nacional los criterios de investigación y atención para reducir la impunidad.
Sheinbaum recordó que durante la gestión de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México se implementó un modelo que permitió mejorar las investigaciones y sancionar a los responsables, por lo que la nueva ley pretende replicar ese esquema en todo el país, acompañado de políticas públicas de prevención.
De acuerdo con la propuesta, comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, entre las que se consideran nueve supuestos, como la existencia de violencia sexual, antecedentes de agresión, contextos de desigualdad de poder o crímenes motivados por estereotipos.
Las sanciones contemplan penas de 40 a 70 años de prisión, además de multas de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
La iniciativa también incorpora 21 agravantes, entre ellas cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad; si se trata de una periodista, defensora de derechos humanos o migrante; si el delito es cometido por un servidor público, o si hay uso de ácido o sustancias inflamables.
El proyecto establece medidas más estrictas contra los responsables, quienes perderán derechos sucesorios, la patria potestad, así como la tutela, custodia y cualquier vínculo legal con las víctimas. Además, en caso de ser servidores públicos, serán destituidos e inhabilitados.
Asimismo, se eliminan las excusas absolutorias y atenuantes. El delito será imprescriptible y no podrán aplicarse criterios de oportunidad, amnistías, conmutación de penas ni libertad condicionada.
La propuesta garantiza a las víctimas acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica inmediata, asesoría jurídica gratuita y medidas de protección social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
También establece que la reparación del daño deberá ser integral, rápida, efectiva y con un enfoque transformador. En este marco, se obliga a autoridades, medios de comunicación y plataformas digitales a respetar la dignidad de las víctimas.
La iniciativa contempla la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir y erradicar la violencia feminicida, así como la homologación de protocolos de investigación en todo el país.
Entre las acciones destacan campañas de concientización, la conformación de grupos técnicos especializados, la generación de registros nacionales de feminicidios y la creación de un padrón de niñas, niños y adolescentes en orfandad por este delito.
Además, se fortalecerán mecanismos como los Centros de Justicia para Mujeres, refugios, la Línea de Mujeres 079 y la Alerta de Violencia de Género, con el objetivo de consolidar una política de Estado frente a la violencia contra las mujeres.
