Con discusión en lo general del dictamen a la reforma al Poder Judicial se concreta el compromiso asumido con las y los mexicanos: Claudia Rivera


La diputada de Morena afirma que incluye la creación de un órgano de vigilancia que supervisará y sancionará a jueces que incumplan con sus deberes o no garanticen imparcialidad

La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) afirmó que con la discusión en lo general del dictamen a la reforma al Poder Judicial, que inicia el día de mañana, se concreta el compromiso asumido con las y los mexicanos que votaron por el segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Esta reforma es fundamental para que las y los mexicanos cuenten con un sistema de justicia equitativo y accesible. Nos comprometimos a garantizar que los tres poderes de la unión sean electos por voto popular, y a establecer un Sistema Judicial más eficiente”, sostuvo en un comunicado.

Añadió que la citada reforma incluye la creación de un órgano de vigilancia que supervisará y sancionará a jueces que incumplan con sus deberes o no garanticen imparcialidad.

Consideró esencial que se eliminen privilegios y se distribuyan equitativamente, los recursos para fortalecer la justicia.

“La reforma al Poder Judicial, que se concretará a más tardar el miércoles, es clave para el desarrollo económico y el bienestar de la nación. La justicia no puede ser eludida; es la base sobre la cual se construye un país próspero y justo”, sentenció.

Sobre la acción para frenar la discusión y aprobación de la citada reforma, Rivera Vivanco sostuvo que “a pesar de intentos arbitrarios de algunos jueces para otorgar suspensiones improcedentes, la reforma, que cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo a través de la representación de Morena en el Congreso de la Unión, debe seguir su curso”.

La legisladora detalló que de acuerdo con la Ley de Amparo, específicamente en el artículo 61, se anota que no es posible impugnar un acto constitucional que aún no ha sido aprobado, publicado o ejecutado.

Asimismo, el artículo 107 de la misma ley establece que no se puede impugnar lo que no ha sido formalmente publicado, por lo tanto, la reforma debe avanzar conforme a los procedimientos legislativos establecidos.

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