Jorge Barrientos
El Congreso del Estado de Puebla aprobó la iniciativa presentada por la diputada María Soledad Amieva Zamora, integrante del Grupo Legislativo de Morena, mediante la cual se deroga la fracción V del artículo 44 de la Ley de Gobierno Digital para el Estado y sus Municipios, con el objetivo de eliminar una disposición considerada inconstitucional y discriminatoria.
La reforma suprime el apartado que establecía que los certificados de firma electrónica quedarían sin efecto en caso de interdicción del firmante o su representante, declarada por una autoridad judicial, al considerar que dicha figura jurídica restringe la capacidad jurídica de las personas.
Durante la presentación de la propuesta, la diputada Amieva Zamora explicó que la interdicción —figura que declara “incapaz” a una persona para ejercer sus derechos— ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al vulnerar los principios de igualdad, autonomía y no discriminación.
“Con esta reforma eliminamos una limitante que contradecía los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Hoy avanzamos hacia una legislación más incluyente y respetuosa de la dignidad de todas las personas”, expresó la legisladora tras la aprobación del dictamen.
La diputada recordó que México ha suscrito instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, los cuales obligan a los Estados a reconocer la plena capacidad jurídica de todas las personas en igualdad de condiciones.
La reforma aprobada también armoniza la legislación estatal con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (2023), que eliminó el juicio de interdicción y estableció nuevos mecanismos de apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica
