Alma Méndez
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) subrayó que, si bien la expropiación es un derecho constitucional cuando se justifica por una causa de utilidad pública, debe llevarse a cabo bajo un estricto cumplimiento legal y no como una decisión unilateral.
Esto, después de las recientes declaracionesl gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, urgió a la empresa inmobiliaria Grupo Proyecta donar un terreno de dos hectáreas para construir viviendas para policías. En caso de no acceder, señaló que habrían “procesos de expropiación a cuatro hectáreas”.
Ante ello, la cúpula empresarial hizo un llamado a las autoridades para fortalecer el diálogo y generar acuerdos que permitan mejorar la seguridad sin comprometer la propiedad privada ni la confianza de los inversionistas. Reiteró su disposición a colaborar activamente en la construcción de soluciones para el bienestar de la ciudadanía, siempre dentro de un marco de legalidad y desarrollo sostenible.
Señaló la importancia de respetar el Estado de Derecho y garantizar la certeza jurídica.
Asímimo, el organismo destacó su compromiso con la justicia social y la gobernanza compartida, en línea con el Modelo de Desarrollo Inclusivo promovido por Coparmex Nacional.
«Más allá de las declaraciones, es fundamental priorizar el diálogo para construir confianza y unión en el estado», señala el documento.
Además, enfatizó que la inversión, especialmente en el sector inmobiliario, es clave para el crecimiento económico y la estabilidad, por lo que consideró necesario evitar generar incertidumbre jurídica.
