Jorge Barrientos
La diputada local Fedhra Suriano Corrales se pronunció sobre el caso del menor de 12 años de edad, estudiante del Instituto Oriente, quien fue vinculado a proceso por el presunto homicidio de Natalia Andrade, ciudadana argentina y ex funcionaria del Ayuntamiento de Puebla entre los años 2014 y 2016.
La legisladora señaló que, si bien se trata de un menor de edad, debe juzgarse el caso con perspectiva de infancia y responsabilidad civil, sobre todo de parte de sus padres. “Este hecho lamentable refleja un profundo deterioro del tejido social, y aunque la ley no permite una sanción penal directa por su edad, sí debe existir una sanción de carácter civil”, indicó.
Suriano Corrales enfatizó que la justicia no puede ser parcial: “La ley no puede ser especial para unos y diferente para otros. Confío en que el juez ha hecho un análisis profundo para evitar que este menor evada la justicia”, expresó.
La diputada lamentó que un niño haya sido capaz de arrebatarle la vida a una persona y transgredir la ley, y llamó a emprender acciones serias para la reconstrucción del tejido social. “Es indispensable que este menor no quede en libertad sin consecuencias. Hay que evitar que se convierta en un delincuente en potencia”, advirtió.
Asimismo, aseguró que, aunque el menor no puede recibir una condena penal por su edad, al alcanzar la mayoría de edad debe rendir cuentas por sus actos si no lo ha hecho antes. “Estoy convencida de que este joven debe cumplir con una condena cuando tenga edad legal para hacerlo. Mientras tanto, sus padres deben asumir la responsabilidad civil correspondiente, ya sea mediante reparación del daño o sanciones económicas”, concluyó.
El caso ha conmocionado a la opinión pública, reavivando el debate sobre la responsabilidad penal de menores y el rol de las familias y la sociedad en la prevención del delito juvenil.
