Jorge Barrientos
En el Congreso del Estado se llevó a cabo el segundo Foro de Ciberseguridad, enfocado esta vez en la libertad de expresión y el impacto de la recién aprobada Ley de Ciberasedio, que ha despertado preocupación entre periodistas, activistas y organizaciones defensoras de derechos digitales.
A diferencia del primer foro, de corte técnico, este encuentro reunió a integrantes del gremio periodístico, quienes manifestaron su inconformidad por la reforma aprobada el pasado 12 de junio, particularmente en lo referente al artículo 480 del Código Penal, ya publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Paty Méndez, vocera de la Red de Periodistas de Puebla, advirtió que la ley puede ser usada para criminalizar la crítica en redes sociales, especialmente contra funcionarios públicos. “No se puede justificar la censura con la excusa de proteger a menores”, afirmó al exigir la derogación de la reforma.
Luis Moreno, de la organización Artículo 19 México, alertó que esta normativa podría significar un retroceso de dos décadas en materia de derechos humanos y recordó que en Puebla se han documentado al menos 22 agresiones a la libertad de expresión entre 2018 y 2024.
Varios asistentes también señalaron irregularidades en el proceso legislativo, criticando que el foro se realice después de que la ley fue aprobada. La exdiputada Mónica Della Vecchia calificó el ejercicio como “un foro de simulación”, mientras que el activista Orlando Martínez reclamó la falta de apertura del Congreso. “Si no quieren ser cuestionados, mejor cierren sus redes sociales”, ironizó.
En contraste, Jorge Alberto Domínguez, exprofesor universitario y abogado, defendió la reforma y acusó a los medios de tergiversar su contenido, lo que generó tensión entre los presentes. Algunos periodistas recordaron que el abogado fue denunciado por acoso en 2019, lo que causó rechazo.
Por parte del gobierno estatal, Joselyn San Martín, directora de la Policía Cibernética de la SSP, aclaró que la crítica a servidores públicos sigue permitida, siempre que no implique ataques a su apariencia física o condición personal.
Aunque la reforma ya fue promulgada, el foro mostró que el debate sigue abierto. Organizaciones y periodistas continúan exigiendo su modificación o derogación, mientras el Congreso mantiene su postura de que la ley busca proteger a grupos vulnerables. Se espera que en los próximos 30 días se defina si habrá cambios.
