Jorge Barrientos
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Paz Vergara, exhortó a la Auditoría Superior del Estado a actuar con responsabilidad, imparcialidad y transparencia ante las observaciones por 213 millones de pesos realizadas a la administración encabezada por Lorenzo Rivera.
La legisladora señaló que este monto corresponde a observaciones derivadas de la revisión del ejercicio de recursos públicos durante su gestión, y subrayó que, más allá del impacto administrativo, este tipo de señalamientos también inciden en la imagen pública de los servidores involucrados, incluido quien actualmente se desempeña como secretario del PRI.
“Considero que la Auditoría tiene que hacer su trabajo, sea quien sea y del partido que sea. Tiene que hacerlo con transparencia y realmente cumplir con su función, pero no utilizarlo como garrote político, porque eso tampoco es correcto”, expresó.
De acuerdo con lo informado por el órgano fiscalizador, los 213 millones de pesos observados forman parte del proceso ordinario de revisión de cuentas públicas, en el que se solicita a las autoridades correspondientes solventar o aclarar el destino y aplicación de los recursos señalados. La diputada precisó que, en caso de existir inconsistencias, estas deben atenderse conforme a los procedimientos legales establecidos.
Paz Vergara enfatizó que la fiscalización no debe prestarse a intereses partidistas ni convertirse en instrumento de confrontación política. Reiteró que cualquier funcionario, sin importar su filiación, debe responder por el manejo de recursos públicos cuando así se requiera.
“Si hay algo que tengan que responder, que lo hagan. Tiene que prevalecer la transparencia y el respeto al recurso público, porque ese recurso no es de los presidentes municipales ni de los partidos, es de los ciudadanos, y se debe ejercer de forma transparente y responsable. Todos tienen que rendir cuentas”, sostuvo.
Finalmente, la diputada insistió en que el proceso de revisión debe desarrollarse con apego a derecho, garantizando tanto la rendición de cuentas como el respeto al debido proceso, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de vigilar el uso del dinero público.
