Jorge Barrientos
La diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, hizo un llamado firme pero necesario: pidió a los habitantes de Tlachichuca permitir la instalación del Concejo Municipal designado por el Legislativo, tras la desaparición del ayuntamiento local. Y aunque el exhorto vino con palabras medidas —prudencia, madurez, institucionalidad—, el fondo del mensaje es claro: la paciencia con el desorden se está agotando.
No habrá nuevas elecciones, simplemente porque la ley no lo permite. Sin embargo, algunos sectores de la población insisten en desconocer el proceso, bloquear la instalación del nuevo cuerpo edilicio y exigir una salida que, jurídicamente, ya no es opción. La protesta se convierte entonces en obstáculo, y la inconformidad en una forma de prolongar el vacío de poder.
Tlachichuca no está frente a una decisión del Congreso que se pueda revertir con gritos o pancartas. Está frente a las consecuencias de una administración fallida, de liderazgos debilitados y de una comunidad que, en lugar de generar acuerdos internos, prefirió el desgaste institucional.
Con 31 votos a favor, una abstención del PAN y un voto en contra de Movimiento Ciudadano, el Congreso del Estado decidió revocar el mandato del presidente municipal, la síndica y los regidores, después de que incluso el presidente suplente, Iván Ortega Muñoz, renunciara ante la imposibilidad de seguir gobernando.
El Concejo Municipal —presidido por Carmelo Amador Fuentes Bailón y acompañado por ciudadanos que no llegaron por capricho, sino por designación legal— estará en funciones del 20 de mayo de 2025 al 14 de octubre de 2027. Es un gobierno provisional, pero legítimo. Y será tan funcional como los propios habitantes de Tlachichuca estén dispuestos a permitirlo.
Es comprensible que haya molestia y frustración, pero lo que no se puede justificar es que se bloquee un intento de restablecer el orden. En una democracia, las instituciones no pueden estar sujetas al enojo colectivo ni a la voluntad de grupos que se sienten excluidos pero no aportan soluciones.
Lo que está en juego no es un nombre o un partido, sino la gobernabilidad misma. Si los ciudadanos de Tlachichuca quieren recuperar el derecho a decidir en las urnas, el primer paso es respetar la legalidad vigente. Hoy, más que nunca, se necesita menos protesta y más responsabilidad.
