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El mandatario Alejandro Armenta señaló que esta revisión tiene como objetivo garantizar la legalidad, transparencia y correcto funcionamiento del sistema educativo en la entidad, así como corregir prácticas administrativas que, de confirmarse, habrían afectado la calidad educativa y el uso adecuado de los recursos públicos.
De acuerdo con una investigación del programa Reflexiones, transmitido por Sicom Noticias, durante la gestión del exsecretario de Educación Pública Melitón Lozano se habrían liberado de manera irregular alrededor de 800 plazas docentes tipo “C”. En tanto, durante el periodo de Patricia Vázquez se autorizaron 944 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios; en la administración de Ignacio Alvízar se expidieron 415 RVOE, mientras que en el periodo de Isabel Merlo Talavera se otorgaron aproximadamente 500 registros para el funcionamiento de instituciones educativas privadas, lo que en conjunto superaría los mil 500 RVOE.
Al ser cuestionado sobre una posible persecución contra exfuncionarios estatales, Armenta Mier fue enfático al señalar que su gobierno no emprenderá acciones de carácter policiaco ni político, y que cualquier determinación se realizará con apego estricto a la ley y al marco institucional.
“No tenemos ningún interés en perseguir a nadie. Si se cometió una falta, un delito o una irregularidad, la ley tendrá que aplicarse. No vamos a actuar con persecuciones ni con revanchas; simplemente, quien haya incurrido en irregularidades deberá enfrentar las sanciones que correspondan”, puntualizó.
En conferencia de prensa, realizada durante el arranque de los trabajos de rehabilitación de la carretera Puebla–Tlaxcala, el gobernador explicó que la auditoría también permitirá conocer el destino de las 500 plazas docentes autorizadas por su administración durante 2025, con el propósito de verificar que los recursos humanos estén asignados a funciones educativas y no a labores administrativas ajenas a la docencia, como ocurrió en gobiernos anteriores.
Detalló que su administración busca fortalecer la presencia de docentes en áreas como educación física, música y otras materias complementarias, con el fin de mejorar la formación integral de las y los estudiantes en las escuelas públicas del estado.
Recordemos que el pasado 23 de noviembre, el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis Parra García, informó que el titular del Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a iniciar una auditoría extraordinaria en la Secretaría de Educación Pública, la cual abarcará el periodo comprendido entre 2015 y 2025.
El funcionario estatal explicó que la revisión inició la semana pasada y que se trata de un proceso complejo, debido al volumen de información y expedientes que deberán analizarse, incluyendo la asignación de plazas docentes, movimientos de personal y la autorización de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a instituciones educativas.
Parra García señaló que la auditoría no será sencilla, ya que implica la revisión de millones de documentos, sin embargo, aseguró que el gobierno estatal dará seguimiento puntual a los resultados que se obtengan, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Finalmente, indicó que esta revisión busca garantizar la eficiencia administrativa y la legalidad en el sistema educativo de Puebla, así como fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y asegurar que los procesos educativos se desarrollen conforme a la normatividad vigente.
