Jorge Barrientos
Con 36 votos a favor, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del estado para endurecer las sanciones contra el delito de despojo, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión con el objetivo de combatir lo que legisladores han denominado el “Cártel del Despojo”.
El Legislativo poblano avaló el dictamen que busca fortalecer el marco jurídico para proteger el derecho a la propiedad y a la vivienda, además de brindar mayor seguridad jurídica a las y los poblanos frente a redes dedicadas a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.
Durante la sesión, diputadas y diputados señalaron que esta reforma responde a la necesidad de combatir el llamado “Cártel del Despojo”, término con el que se identifica a una presunta red de corrupción integrada por servidores públicos, jueces, magistrados, notarios y particulares, dedicada a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles y terrenos mediante la falsificación de documentos y juicios simulados.
El dictamen aprobado integra iniciativas presentadas por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, así como propuestas de diputadas y diputados de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional y Fuerza por México.
Asimismo, se destacó que la intención de atender esta problemática surgió desde el gobierno estatal con el impulso del mandatario y del coordinador de gabinete José Luis García Parra, quien promovió acciones para reforzar el combate a estas prácticas.
Durante la discusión en tribuna, legisladoras y legisladores coincidieron en que el delito de despojo dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica organizada que afecta principalmente a familias en situación de vulnerabilidad, quienes pierden su patrimonio mediante procedimientos fraudulentos.
En su intervención, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Beatriz Manrique Guevara, señaló que desde el año pasado impulsó propuestas para atender esta problemática, al destacar que la preocupación por los casos de despojo fue compartida por distintas fuerzas políticas desde el inicio de la legislatura, lo que permitió construir una iniciativa conjunta para reforzar las penas y proteger el patrimonio de las familias poblanas.
Con la reforma aprobada también se sancionará con mayor severidad a servidores públicos y notarios que participen en esquemas vinculados con los denominados “cárteles del despojo”, así como a quienes simulen actos de autoridad, utilicen documentos falsos o formen parte de redes organizadas para apropiarse ilegalmente de propiedades.
Además, se contemplan penas de siete a 20 años de prisión para quienes financien o dirijan invasiones de predios, incrementándose las sanciones cuando el objetivo sea la comercialización ilegal de la tierra.
