La imposición de aranceles del 25% a los productos exportados de México a Estados Unidos es injusto para empresarios, comerciantes y consumidores de ambos países. Todos sabemos que, si se prolonga temporalmente la imposición de aranceles, nuestra ya de por sí débil economía entrará en una recesión, provocando un mayor empobrecimiento de muchas familias que día con día batallan para conseguir ingresos de manera digna y honrada.
Toda esta desgracia se debe, entre otras cosas, a la corrupción de políticos, gobernantes, burócratas y partidos políticos que han sido cómplices de los grupos criminales que hoy imponen su ley en distintas zonas del territorio mexicano.
En efecto, una de las causas por las que el gobierno de Donald Trump está imponiendo estos aranceles ha sido la producción y el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, así como la operación de los cárteles de la droga al otro lado de su frontera sur.
En su discurso ante el congreso norteamericano, Trump volvió a señalar a México como un país gobernado por la criminalidad organizada. Dijo que “El territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera está ahora dominado en su totalidad por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total. Controlan una nación entera, lo que supone una grave amenaza para nuestra seguridad nacional”.
El gobierno de Claudia Sheinbaum sabe perfectamente que una crisis económica tendrá costos políticos que se reflejarán en la aprobación de su gobierno y de su partido. Desde que Trump, amenazó con subir los aranceles, el gobierno mexicano ha ejecutado acciones legales y hasta ilegales para evitar la imposición. Sin embargo, el mismo Trump ya les dijo que lo hecho hasta ahora es insuficiente.
Lo que se cuestiona es si nuestro gobierno tiene la integridad y la fuerza institucional para tratar de revertir desde aquí tan injusta medida.
Todo parece indicar que no.
El gobierno de Estados Unidos tiene fijo en su discurso que hay vínculos entre el gobierno y los grupos criminales y, al menos en este problema, México está siendo obligado a ir más allá de algunos grandes decomisos de droga y la entrega de 29 líderes criminales a la justicia norteamericana con una institucionalidad enclenque donde el Estado mexicano tiene descuartizados al poder judicial, al sistema anticorrupción y al Estado de Derecho. Han sido más de 6 años de una violación sistemática de las leyes incluyendo las electorales, en cuya violación la criminalidad organizada algo ha tenido que ver.
Independientemente de las presiones de Trump, la verdadera defensa de la soberanía de México no está en aparentar en un mitin en el zócalo capitalino que el gobierno mexicano no está siendo obligado por el gobierno de Estados Unidos a combatir a los cárteles criminales recién declarados por ellos terroristas. El verdadero reto a nuestra soberanía radica en recuperar la aplicación de nuestras leyes y de nuestro estado de derecho en aquellos territorios en los que nuestros compatriotas, nuestra gente trabajadora, padece todos los días el azote por parte de los criminales.
La Inseguridad, la ilegalidad y la corrupción cómplice son las debilidades con las que el gobierno de nuestro país va a tener que encarar ahora una recesión económica perjudicial para nuestro pueblo y agravada por las medidas arancelarias impuestas por un gobierno norteamericano que parece que quiere ver arder a México y al planeta.
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