¿Por qué es de vital importancia que el Gobierno del Estado de Puebla haga públicos los documentos que sustentan el proyecto del Cablebús? ¿Por qué la información no debe quedar bajo reserva por cinco años?
A las ya conocidas preocupaciones ambientales, legales y de movilidad, debemos añadir dos razones de peso: primero, porque los casi 7,000 millones de pesos que costará la obra se pagarán con el dinero de los contribuyentes; y segundo, porque toda obra pública compromete, en mayor o menor grado, la integridad física de quienes la construyen, la utilizan o viven en su entorno.
Existen dos casos recientes que, guardando sus proporciones, sirven para ilustrar los peligros de la opacidad y la urgencia de exigir nuestro derecho a la información: el Tren Interoceánico y la refinería de Dos Bocas. Ambos proyectos se han convertido en paradigmas de opacidad, despilfarro, corrupción y, lamentablemente, tragedia.
En el caso del Tren Interoceánico, el Gobierno Federal anunció originalmente un costo de 20,000 millones de pesos; la cifra final escaló hasta los 62,000 millones. Por su parte, la refinería de Dos Bocas pasó de un presupuesto inicial de 9,000 millones de dólares a una inversión que ronda los 21,000 millones de la misma moneda. En ambas obras se terminó pagando entre dos y tres veces el costo proyectado originalmente.
En ambas obras, el costo se duplicó o triplicó a espaldas de la transparencia.
Además, en 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador intentó mediante un decreto que las dependencias de su gobierno se reservaran información sobre esas obras públicas por considerarlas de “seguridad nacional”. La Suprema Corte de Justicia de entonces invalidó dicho decreto.
Hoy, la realidad nos obliga a entender que la «seguridad nacional» es una abstracción que no sirve para combatir la corrupción ni para garantizar la seguridad de las personas de carne y hueso. El pasado 28 de diciembre, el Tren Interoceánico sufrió un accidente que cobró la vida de 13 personas y dejó más de cien heridos. Apenas el martes pasado, una inundación en la refinería de Dos Bocas provocó un incendio con un saldo de cinco fallecidos. En ambos escenarios, el periodismo y la sociedad civil han documentado presuntos actos de corrupción que, hasta hoy, permanecen impunes.
Lo hemos dicho en este espacio hasta el cansancio: la corrupción mata.
Regresando al proyecto del Cablebús en Puebla: ¿cómo podemos prever que no se repitan estas trágicas historias? La transparencia es el primer paso fundamental. Resulta inadmisible «enlatar» la información técnica por un lustro argumentando que su divulgación dañaría el «interés del Estado», ya que detrás de la opacidad pueden esconderse daños mayores e irreversibles al medio ambiente, a la movilidad, al erario y a la vida de las personas.
De poco o nada serviría la comparecencia de cualquier funcionario estatal ante el Congreso local si no existen documentos públicos que respalden técnica y legalmente sus dichos.
Por el bien de nuestra Angelópolis, es necesario que los habitantes asuman su papel de ciudadanos y exijan respeto al derecho a la información. Este no es solo un derecho constitucional; es, en última instancia, un derecho humano. Ni la «seguridad nacional» ni el «interés del Estado» son licencias para el despilfarro ni permisos para pasar por encima de la protección de la vida misma a espaldas de la transparencia.
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