En política, los deslindes suelen ser más reveladores que las propias acusaciones. Esta semana el Poder Judicial de Puebla anunció una serie de cambios de adscripción de jueces.
Oficialmente se explicó que obedecen a una reorganización institucional para fortalecer la impartición de justicia. Hasta ahí, nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, el movimiento adquirió otra dimensión porque varios de esos juzgadores conocían asuntos relacionados con el conflicto que enfrenta Olga Romero Garci-Crespo contra Estela Romero Bringas, Ramiro Rodríguez Maclub y Miguel Ángel Celis Romero. ¿Fue una coincidencia? Es posible. Pero en Puebla las coincidencias políticas casi siempre despiertan más preguntas que respuestas, sobre todo cuando se cruzan con expedientes de alto perfil.
Desde hace tiempo existe una percepción pública de que la presidenta estatal de Morena ha buscado utilizar el peso de su posición política para influir en instituciones relacionadas con su disputa por la herencia de Socorro Romero Sánchez.
Esa percepción no nació de un solo episodio, sino de una sucesión de acontecimientos que han alimentado el debate público: carpetas de investigación reactivadas, operativos ampliamente cuestionados y decisiones que, acertadas o no, terminaron colocando a diversas instituciones bajo sospecha.
Precisamente por eso llamó la atención que, apenas surgieron las especulaciones, el Poder Judicial reaccionara con una velocidad poco habitual para aclarar que los movimientos de jueces no guardaban relación alguna con Olga Romero ni con presuntas influencias externas.
El deslinde fue tan rápido que terminó convirtiéndose en la noticia principal. A veces la prisa por apagar un incendio hace que todos volteen a ver el humo.
Y es ahí donde comienza la lectura política. Cuando una institución siente la necesidad de marcar distancia con tanta rapidez respecto de una dirigente del partido en el poder, inevitablemente surge una pregunta: ¿qué necesidad había de hacerlo con tanta contundencia? Porque en política nadie suele salir a negar aquello que nadie le pregunta.
El mensaje terminó siendo más poderoso que el propio comunicado. No importó si los cambios obedecían únicamente a razones administrativas; lo que quedó instalado fue la imagen de una institución interesada en dejar perfectamente claro que no actúa para favorecer intereses particulares. Y cuando una figura política provoca que los órganos del Estado deban explicar, una y otra vez, que no trabajan para ella, el problema ya no es institucional. Es político. Significa que su nombre dejó de representar fortaleza y comenzó a convertirse en un factor de desgaste.
Algo que hemos venido alertando ya desde hace varias entregas, pero la parte interesada al parecer no se ha dado cuenta de las cosas.
Ese es el verdadero fondo del asunto. Si existieron o no influencias indebidas corresponde determinarlo a las autoridades competentes y con base en pruebas, no en especulaciones.
Si los cambios de jueces obedecieron exclusivamente a criterios administrativos, también debe sostenerse con transparencia. Pero hay un hecho político difícil de ignorar: Olga Romero volvió a colocar su conflicto personal en el centro de la conversación pública y, una vez más, las instituciones sintieron la necesidad de aclarar que no actúan para favorecerla.
En política eso rara vez es una buena señal. Hay ocasiones en que no son las acusaciones las que debilitan a un personaje. Lo que realmente pesa es la velocidad con la que todos sienten la necesidad de decir que no tienen absolutamente nada que ver con él.
Buenas noticias llegan desde el ámbito judicial poblano. Recientemente, el magistrado Édgar Sánchez Farfán, integrante de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, obtuvo el grado de Doctor en Derecho, luego de defender una tesis en materia de Derechos Humanos.
Se trata de un asunto destacadamente académico, pero en tiempos en los que la exigencia ciudadana hacia los órganos encargados de impartir justicia es cada vez mayor, resulta indispensable que quienes los integran mantengan una preparación permanente y actualicen sus conocimientos. La profesionalización nunca sobra cuando se trata de fortalecer las instituciones. Enhorabuena.
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