El pasado martes 21 de abril se presentó, mediante una conferencia de prensa, el “Frente Cívico Amplio contra el Cablebús”. Su comunicado fue suscrito por al menos 14 organizaciones de la sociedad civil que, desde diversos ángulos, han cuestionado el proyecto del llamado “Sistema de Transporte por Cable”.
De dicho documento destacamos dos puntos principales:
1. La opacidad
A pesar de los esfuerzos del gobierno del estado de Puebla por legitimar la construcción de esta obra en la capital, se sigue omitiendo información fundamental para comprender la relación costo-beneficio. Con una inversión de casi 7 mil millones de pesos, la capacidad de transporte del proyecto resulta sumamente limitada: expertos señalan que apenas movilizaría entre el 2 % y el 3 % del total de usuarios del transporte público.
Además, el gobierno estatal ha decidido reservar por cinco años la información clave y los estudios que, supuestamente, justificarían la viabilidad de la obra. Es bien sabido, tanto en la teoría como en la práctica, que en el ámbito de la obra pública la opacidad gubernamental es a menudo la antesala de actos de corrupción.
2. La intimidación
Existen amenazas directas contra quienes cuestionan la viabilidad y las consecuencias del Cablebús. La frase “los tenemos bien identificados”, pronunciada por una voz oficial, ha sido calificada por el Frente como una expresión “inaceptable, irresponsable, profundamente preocupante” y “amenazante”.
Más allá de ser intimidaciones reprobables, ajenas a un gobierno democrático, estos actos recuerdan a las tácticas de chantaje propias de quienes admiran e intentan emular a las dictaduras criminales latinoamericanas.
Por todo lo anterior, desde la perspectiva de los derechos humanos, es evidente que el actuar de las autoridades vulnera derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, que son dos garantías constitucionales fundamentales.
Y no se trata de oponerse en sí al Cablebús. En lo particular, no estoy de acuerdo con la opacidad de un proyecto de obra pública y mucho menos con las amenazas de que te inscriban en una “lista negra” conformada por quienes están en contra “del sistema” y “de que le vaya bien a Puebla”.
Por último, mientras el gobierno del estado insiste en continuar con la construcción del “Sistema de Transporte por Cable”, el transporte público terrestre en Puebla parece condenado a mantener su ineficiencia e inseguridad, marcado por los constantes accidentes viales en los que está involucrado y la creciente exposición de los usuarios a ser víctimasde la delincuencia.
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