Por: Carmen Liliana Flores Flores
En América Latina, alzar la voz se traduce en agresiones físicas, verbales, escritas y digitales, acoso, amenaza, secuestro, tortura, desaparición forzada y asesinatos. De acuerdo a datos del Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, entre 2006 y 2024, más de 1,700 periodistas y activistas ambientales han sido asesinados, de los cuales el 70% corresponden a asesinatos ocurridos en América Latina. Además de esto, 9 de cada 10 casos siguen sin resolverse judicialmente, lo que se traduce en una tasa de impunidad del 87%.
Lo anteriormente mencionado refleja una realidad que atormenta a quienes buscan la verdad, a quienes se atreven a denunciar la corrupción, defender el medioambiente, exigir justicia, investigar casos de crimen organizado, violencia política y abusos de poder, pues el ejercicio de estas actividades implica enfrentarse a intereses políticos, económicos y criminales que amenazan su integridad, libertad e incluso su vida.
La libertad de expresión se encuentra consolidada como un derecho humano fundamental y como una práctica que, dentro de las legislaciones, se encuentra protegida por la mayoría de los Estados al ser una expresión de la democracia. Los periodistas y activistas representan un pilar fundamental dentro de cualquier sistema democrático, ya que no solo ejercen su derecho individual a expresarse, sino que también contribuyen y garantizan que la ciudadanía pueda acceder a información diversa, relevante y verídica, reafirmando así que el derecho a la información legítima y la libertad de expresión se encuentran directamente relacionados.
En ese sentido, la libertad de expresión es necesaria e indispensable para el fortalecimiento de cualquier régimen social y político, porque también involucra la posibilidad de la ciudadanía de ejercer otros derechos fundamentales de manera informada y consciente. Sin embargo, al mismo tiempo es uno de los derechos más vulnerados, pues a lo largo de los diversos casos confirmados de asesinatos, se ha demostrado que la existencia de marcos normativos no siempre se traduce en una protección real ante quienes lo practican.
Dicho de otra manera, este derecho se vuelve un privilegio cuando su ejercicio requiere enfrentarse a una estructura social y estatal en donde los mismos Estados, por acción u omisión, se convierten en cómplices de la violencia ejercida contra ellos, ya sea por su incapacidad para ofrecer mecanismos de prevención, investigación y sanción, o por su participación directa en prácticas de intimidación, persecución y censura dirigida a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos (Red Voces del Sur, Cartografía del Silencio: Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025).
Cabe recalcar que este derecho humano ha sido reconocido por la comunidad internacional como un derecho inherente a toda persona dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual expone lo siguiente:
“Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 1
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Es importante mencionar que a pesar de este reconocimiento internacional, América Latina se ha consolidado como una de las regiones el mundo donde la libertad de expresión se encuentra más vulnerada, incluso cuando la mayoría de los Estados pertenecientes a la región han ratificado instrumentos internacionales que obligan a su protección, no solo instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales establecen compromisos en materia de respeto y garantía de este derecho fundamental.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, ha emitido el principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en donde hace mención que el uso del poder estatal y de recursos públicos para influir en el comportamiento de medios de comunicación o comunicadores sociales, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.
En ese sentido, de acuerdo a información proporcionada por el Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025, se refuerza el argumento de que es el propio Estado el que perpetúa agresiones. Estas agresiones no solo se manifiestan a través de violencia física, sino que también constituyen una serie de discursos de estigmatización, restricciones en el acceso a la información pública, presiones institucionales y prácticas de censura, seguidos de vigilancia, persecución y la detención arbitraria de periodistas.
Un claro ejemplo de estas prácticas estatales, específicamente en el caso de un fallo del Estado en la protección, es el reciente caso del asesinato del periodista Calletano de Jesús Guerrero, quien era subdirector del medio digital “Global México”. El periodista fue asesinado el 17 de enero de 2025 en el Estado de México, a pesar de que se encontraba incorporado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2014 debido a las amenazas que había recibido como consecuencia de su labor periodística.
Otro caso es el lamentable asesinato de Brayan Saa, defensor de derechos humanos, líder social y comunitario originario de Colombia, asesinado en agosto de 2025 en el departamento del Valle del Causa. Saa era reconocido por su trabajo en favor de las comunidades rurales y por su participación en iniciativas orientadas al desarrollo social de la región. Tras este hecho, organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, se han pronunciado ante la impunidad de estos casos, advirtiendo que los asesinatos de defensores de derechos humanos siguen representando una de las principales amenazas para la defensa de derechos en el país.
2
Estos dos casos, aunque dados en diferentes lugares y circunstancias, son un claro ejemplo de la impunidad como la condición que perpetúa estos crímenes, así como también la falta de garantías mínimas de protección para ejercer el periodismo y el activismo en América Latina. El Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), ha señalado a México como uno de los países con mayores niveles de impunidad en asesinatos de periodistas a nivel mundial. Colombia, por su parte, también ha sido considerado como un país en donde estos delitos son persistentes y enfrenta niveles críticos de violencia contra la prensa.
En conclusión, el costo humano de alzar la voz en América Latina representa una crisis de violencia que se vive a diario. Esta situación tiene múltiples efectos en el Estado de Derecho, la democracia, el acceso a la justicia y la participación ciudadana. Dicho lo anterior, la persistencia de estos crímenes resulta cuestionable cuando la mayoría de los Estados han asumido compromisos nacionales e internacionales para proteger la libertad de expresión.
De igual manera, la existencia de normas y mecanismos de protección pierden efectividad cuando no van acompañada de investigaciones, sanciones y políticas de prevención, lo que termina empeorando cuando ni siquiera el mismo Estado garantiza estos mecanismos de protección, esfuerzos que resultan insuficientes si no forman parte de una respuesta sistémica que priorice la prevención de agresiones y garantice los recursos necesarios para aclarar los crímenes y combatir la impunidad.
El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado cada 2 de noviembre, representa un recordatorio necesario para de todas las personas que han perdido la vida por ejercer su derecho a informar, denunciar injusticias y defender la verdad, personas a quienes la sociedad y el Estado les han fallado. Que cada 2 de noviembre siga siendo un recordatorio internacional de que, sin periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, no hay verdad, ni mucho menos democracia.
Tal y como la Federación Internacional de Periodistas lo ha exigido, los estados tienen la responsabilidad de investigar de manera pronta, exhaustiva e independiente cada agresión, priorizar la labor periodística y adoptar políticas integrales de prevención y protección. Debemos proteger a quienes alzan la voz y asegurar que ninguna persona tenga que elegir entre ejercer sus derechos o conservar su vida.
3
Referencias:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (s. f.). Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. https://www.cndh.org.mx/
Federación Internacional de Periodistas. (s. f.). América Latina y el Caribe: una región marcada por la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas. https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/america-lat ina-y-el-caribe-una-region-marcada-por-la-impunidad-en-los-casos-de-asesinatos-de-pe riodistas
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión Costa Rica. (2025). Informe Sombra 2025: aumenta la violencia letal con 23 periodistas asesinados en América Latina. https://iplexcr.org/informe-sombra-2025-aumenta-la-violencia-letal-con-23-periodistas asesinados-en-america-latina/
LatAm Journalism Review. (2023). CPJ nombra a México, Colombia y Brasil en su nuevo índice de impunidad. https://latamjournalismreview.org/es/articles/cpj-nombra-a-mexico-colombia-y-brasil-e n-su-nuevo-indice-de-impunidad/
LatAm Journalism Review. (2023). Impunidad en crímenes contra periodistas 2023. https://latamjournalismreview.org/es/articles/impunidad-crimenes-contra-periodistas-20 23/
Mitchell, T. S. (2025). Human rights, impunity and anti-press violence: How journalists survive and resist. Routledge.
Milenio. (2025). Asesinan al líder social Brayan Saa en Colombia. https://www.milenio.com/internacional/asesinan-al-lider-social-brayan-saa
Organización de las Naciones Unidas. (s. f.). Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s. f.). Un informe de la UNESCO revela que el 70% de los periodistas medioambientales han sido agredidos. https://www.unesco.org/es/articles/un-informe-de-la-unesco-revela-que-el-70-de-los-pe
riodistas-medioambientales-han-sido-agredidos-por
Reporteros Sin Fronteras. (2025). México: RSF condena el asesinato del periodista Calletano de Jesús Guerrero. https://rsf.org/es/m%C3%A9xico-rsf-condena-el-asesinato-del-periodista-calletano-de-j es%C3%BAs-guerrero-el-segundo-periodista
4
Red Voces del Sur. (2025). Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025.
https://vocesdelsurunidas.org/wp-content/uploads/2026/05/Red-VDS-Informe-Sombra 2025.pdf
UNESCO. (2024). International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. https://www.unesco.org/en/articles/international-day-end-impunity-crimes-against-jour nalists-2024?hub=66746
Universidad Nacional Autónoma de México, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México. (2020). Derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. https://hchr.org.mx/puntal/wp/wp-content/uploads/2020/06/Derecho_LibExp.pdf
