Por: Stephany Hernàndez García
Cuando pensamos en Canadá, normalmente pensamos en uno de los países más progresistas del mundo. Su imagen internacional suele estar asociada con el multiculturalismo, la inclusión, los derechos humanos y la igualdad de género. Durante décadas, el país ha construido una reputación basada en estos valores, convirtiéndose en un referente para muchas democracias occidentales. No es casualidad que frecuentemente aparezca en rankings de calidad de vida ni que su política exterior busque proyectar una imagen de apertura, diversidad y ecompromiso con los derechos humanos.
Sin embargo, detrás de esta imagen existen tensiones internas que no siempre reciben la misma atención internacional. Actualmente, Canadá enfrenta desafíos relacionados con el acceso a la vivienda, la presión sobre el sistema de salud, la escasez de personal médico y las desigualdades que persisten entre distintos sectores de la población. Estas problemáticas no necesariamente contradicen la identidad progresista canadiense, pero sí obligan a preguntarnos qué tan completa es la visión que solemos tener del país desde el exterior.
Mi interés inicial no era estudiar específicamente la violencia contra las mujeres indígenas. Lo que me interesaba era comprender hasta qué punto la imagen progresista que Canadá proyecta coincide con las realidades que existen dentro de sus fronteras. Como gran parte de mis intereses académicos han estado relacionados con cuestiones de género, decidí aproximarme a esta tensión desde esa perspectiva. Fue así como llegué a la crisis de las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas.
Lo que inicialmente parecía un tema de violencia de género terminó convirtiéndose en una pregunta mucho más amplia sobre Canadá mismo. ¿Cómo puede un país ampliamente reconocido por su compromiso con los derechos humanos seguir enfrentando una situación de esta magnitud dentro de su propio territorio? Considero que la situación de las mujeres indígenas revela una contradicción entre la imagen progresista que Canadá proyecta internacionalmente y la realidad que aún enfrentan algunos grupos históricamente marginados dentro del país. Por ello, esta crisis pone a prueba la identidad progresista que Canadá ha construido durante las últimas décadas y obliga a cuestionar hasta qué punto los valores que promueve son experimentados por toda su población.
Esta realidad tampoco resulta completamente ajena para quienes vivimos en México. Las discusiones sobre violencia contra las mujeres, desapariciones y vulnerabilidad de comunidades indígenas forman parte de nuestra propia conversación pública. Sin embargo, precisamente por asociar estos problemas con países que enfrentan profundas desigualdades estructurales, resulta especialmente llamativo encontrarlos también en un país que suele ser
presentado internacionalmente como uno de los referentes más importantes en materia de derechos humanos e igualdad.
Uno de los primeros aspectos que llamó mi atención fueron las cifras. De acuerdo con Women and Gender Equality Canada (2024), las mujeres indígenas representan aproximadamente el 5% de la población femenina canadiense, pero constituyeron cerca del 26% de las mujeres asesinadas por una pareja íntima en 2022. Además, la tasa de homicidio de mujeres indígenas fue más de seis veces superior a la registrada entre mujeres no indígenas. A esto se suma que, entre 2009 y 2021, fueron asesinadas 490 mujeres y niñas indígenas en Canadá (Statistics Canada, 2023). Estos datos muestran que no se trata de casos aislados, sino de una desigualdad persistente.
Sin embargo, creo que reducir esta situación únicamente a una cuestión de violencia de género sería insuficiente. Lo que hace particularmente significativo este caso es que las víctimas son, de manera desproporcionada, mujeres indígenas. Esta realidad refleja una interseccionalidad en la que género, origen indígena y desigualdades históricas se entrelazan. La violencia que enfrentan estas mujeres se encuentra vinculada a una larga historia de colonización, despojo, discriminación y exclusión institucional que ha afectado a las comunidades indígenas en Canadá durante generaciones.
Por ello, resulta difícil separar esta crisis de la historia misma de la relación entre el Estado canadiense y los pueblos indígenas. Las políticas de asimilación forzada, el sistema de Residential Schools y la marginación sistemática de las comunidades indígenas dejaron consecuencias que continúan presentes en la actualidad. Más de 150,000 menores indígenas pasaron por estas instituciones y la última escuela cerró apenas en 1996 (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015). No estamos hablando de un pasado remoto.
Desde mi perspectiva, la persistencia de esta crisis pone a la luz los límites del proceso de reconciliación canadiense. Durante los últimos años, Canadá ha reconocido públicamente abusos históricos, ha impulsado investigaciones y ha promovido políticas orientadas a la reconciliación. Sin embargo, la persistencia de esta crisis sugiere que el reconocimiento simbólico no siempre se traduce en transformaciones estructurales suficientes para garantizar igualdad y seguridad.
Una de las preguntas que surgió durante este análisis fue por qué una problemática de esta magnitud tardó tanto tiempo en ocupar un lugar central dentro de la agenda política canadiense. Las denuncias de familias, organizaciones indígenas y activistas existían desde mucho antes de que el gobierno estableciera la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas. Sin embargo, durante años permaneció relativamente lejos del centro de la conversación pública.
Esta situación me llevó a reflexionar sobre el concepto de securitización. Lo que más me llamó la atención de este mismo fue que la gravedad de un problema no garantiza automáticamente que este sea tratado como una prioridad política. Esto me llevó a preguntarme por qué algunas amenazas logran movilizar rápidamente la atención pública y
política, mientras que otras pueden permanecer invisibilizadas durante décadas aun cuando afectan la vida de miles de personas.
En mi opinión, la pregunta central es quién tiene la capacidad de definir qué problemas son urgentes y cuáles pueden esperar. Las comunidades indígenas llevaban años denunciando esta violencia. El problema no era la falta de información, sino la diferencia entre tener una voz y lograr que esa voz fuera escuchada.
La discusión se vuelve todavía más interesante cuando pensamos en qué entendemos por seguridad. Con frecuencia, los grandes debates sobre seguridad se concentran en guerras, terrorismo o conflictos internacionales. Sin embargo, la experiencia de miles de mujeres demuestra que existen formas de inseguridad mucho más cotidianas que pueden tener consecuencias igualmente devastadoras. Diversas autoras feministas han cuestionado esta tendencia a excluir la violencia contra las mujeres de las discusiones tradicionales sobre seguridad. Si la seguridad tiene como propósito proteger vidas humanas, resulta difícil justificar por qué ciertas amenazas reciben atención inmediata mientras otras permanecen durante años en los márgenes de la discusión pública.
Aquí encuentro la principal contradicción del caso. Canadá ha construido parte de su imagen internacional reciente alrededor de la promoción de la igualdad de género y de una política exterior feminista. No considero que estos esfuerzos sean irrelevantes ni que los avances alcanzados deban ser ignorados. Sin embargo, la situación de las mujeres indígenas plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre cuando la imagen que un Estado proyecta hacia el exterior parece avanzar más rápido que la realidad experimentada por algunos de los grupos que viven dentro de sus fronteras?
Por supuesto, sería injusto ignorar los esfuerzos realizados durante los últimos años. La Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas concluyó en 2019 con la emisión de 231 Calls for Justice y el gobierno canadiense continúa publicando informes de seguimiento sobre los avances alcanzados. El hecho de que Canadá siga desarrollando mecanismos de respuesta demuestra que el problema continúa siendo una prioridad y, al mismo tiempo, evidencia que la crisis sigue lejos de resolverse por completo.
Personalmente, considero que la relevancia de este tema va más allá de las cifras de violencia. Lo interesante de esto en un enfoque analítico, es lo que esta situación revela sobre Canadá como proyecto político. La crisis de las mujeres indígenas es una prueba para la identidad canadiense. Obliga a preguntarnos si los valores de igualdad, inclusión y derechos humanos que el país promueve internacionalmente son realmente experimentados por todos los grupos que conforman la sociedad canadiense.
No creo que esta crisis invalide automáticamente todo lo que Canadá ha construido en materia de derechos humanos. Sin embargo, sí creo que obliga a reflexionar sobre la distancia que puede existir entre los ideales que un Estado proclama y las experiencias concretas de quienes viven dentro de sus fronteras. Quizá la pregunta más importante no es si Canadá merece o no ser considerado un referente en materia de derechos humanos. La verdadera
pregunta es qué ocurre cuando un país construido sobre ideales de inclusión, igualdad y reconciliación descubre que esos mismos ideales no son experimentados de la misma forma por todos sus ciudadanos. En ese sentido, la situación de las mujeres indígenas no representa únicamente una crisis de violencia; representa un desafío para el propio proyecto canadiense.
Referencias
Global Affairs Canada. (2017). Canada’s feminist international assistance policy. Government of Canada. https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/pri orities-priorites/policy-politique.aspx
National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. (2019). Reclaiming power and place: The final report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. Government of Canada. https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
Statistics Canada. (2023, October 4). Court outcomes in homicides of Indigenous women and girls, 2009 to 2021. Government of Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2023001/article/00006-eng.htm
Truth and Reconciliation Commission of Canada. (2015). Honouring the truth, reconciling for the future: Summary of the final report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada. Truth and Reconciliation Commission of Canada. https://publications.gc.ca/site/eng/9.800288/publication.html
Women and Gender Equality Canada. (2024, September 9). Ending gender-based violence against Indigenous peoples. Government of Canada. https://www.canada.ca/en/women-gender-equality/gender-based-violence/ending-gbv-indigen ous.html
