Jorge Barrientos
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, aseguró que cualquier intento por retomar el delito de ciberasedio en Puebla deberá ajustarse a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y someterse a un nuevo análisis legislativo.
La legisladora advirtió que Morena y Nueva Alianza buscarían revivir el tema mediante nuevas iniciativas, luego de que la Suprema Corte invalidara parte del artículo 480 relacionado con dicho delito.
Explicó que decidió sumarse a una propuesta para derogar completamente ese artículo, al considerar que mantenerlo vigente podría representar un incumplimiento a la resolución judicial.
“Lo que resolvió la Corte es muy claro. El artículo queda sin efecto y tendría que presentarse una nueva iniciativa completamente distinta y con otro análisis de fondo”, declaró.
Suriano recordó que cuando la propuesta original fue discutida y votada en el Congreso local optó por abstenerse, debido a que la redacción presentaba ambigüedades y falta de claridad jurídica.
Asimismo, señaló que la nueva propuesta impulsada por Morena y Nueva Alianza pretende adicionar un párrafo al artículo 480, pese a que éste fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte.
La diputada sostuvo que cualquier nueva legislación sobre violencia digital deberá construirse mediante consultas públicas, foros y participación ciudadana antes de su aprobación.
“Lo ideal hubiera sido hacer consultas desde un principio y no dejar correr tanto tiempo el tema”, comentó.
Indicó además que el Congreso del Estado deberá actuar con cautela debido a la resolución de la Suprema Corte, ya que existe la obligación de corregir la norma para evitar violaciones a derechos humanos.
Fedrha Suriano añadió que otros temas en discusión, como las reformas relacionadas con las infancias trans, también requieren un análisis jurídico profundo y apertura al diálogo con distintos sectores sociales.
La legisladora descartó que puedan aprobarse reformas “en lo oscuro”, al señalar que cualquier iniciativa debe presentarse ante el pleno y contar previamente con el aval de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Finalmente, reiteró que la violencia digital es una problemática real que debe atenderse, aunque insistió en que cualquier regulación debe ser clara, constitucional y construida mediante consenso legislativo y social.
