Jorge Barrientos
La diputada local Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Puebla con el objetivo de fortalecer la protección de maestras, maestros y personal docente frente a casos de agresiones, amenazas y actos de violencia registrados en el entorno escolar.
La propuesta plantea modificaciones al artículo 94 de la legislación estatal para establecer mecanismos de prevención, atención y respaldo institucional dirigidos al personal educativo que enfrente conflictos durante el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con la legisladora, actualmente no existen procedimientos claros dentro de la ley que permitan atender de manera inmediata situaciones de hostigamiento, agresiones verbales, intimidaciones o confrontaciones derivadas de decisiones disciplinarias tomadas por docentes en las escuelas.
La iniciativa señala que este tipo de incidentes no solo afecta la integridad física y emocional del personal educativo, sino que también repercute en el ambiente escolar y debilita la autoridad pedagógica dentro de las instituciones.
Entre las medidas propuestas destaca la creación de protocolos específicos para actuar ante casos de violencia contra trabajadores de la educación, así como lineamientos para garantizar atención oportuna y acompañamiento institucional.
Además, se contempla la capacitación de directivos y personal administrativo para prevenir, detectar y canalizar situaciones de riesgo que involucren agresiones hacia docentes.
La propuesta también busca fomentar la participación de madres, padres de familia y tutores en la construcción de entornos escolares pacíficos, promoviendo el respeto hacia la labor docente y la convivencia dentro de las comunidades educativas.
La diputada aclaró que la reforma no pretende limitar el derecho de estudiantes o padres de familia a presentar denuncias o inconformidades cuando consideren que existe alguna actuación irregular por parte del personal educativo.
En caso de ser aprobada por el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación Pública tendría un plazo de 120 días para emitir, adecuar y aplicar los protocolos y lineamientos correspondientes.
